En otro revés judicial contra el jefe de Gobierno, el juez Gallardo le ordenó a Macri que incluya al gremio ATE en las negociaciones que hasta ahora sólo mantenía con Sutecba. El macrismo aún no entregó la lista de los cesanteados.
› Por Werner Pertot
El Jefe últimamente no tiene mucha suerte con los fallos judiciales. El juez Roberto Andrés Gallardo le ordenó que incluya a ATE en la mesa de negociaciones en la que hasta ahora sólo participó Sutecba “y en cada una de las actividades que se desarrollen en el marco de las paritarias”. El macrismo apelará la medida ya que consideran que el sindicato de Amadeo Genta “es el representativo”. Mientras tanto, Su Señoría sigue esperando la lista de los despedidos que le reclamó al gobierno de Mauricio Macri y que no fue presentada en el plazo de dos días fijado por el juez. Desde la gestión PRO alegaron falta de tiempo para armar el listado, que estaría confeccionado recién a mediados de febrero. “No lo tenemos listo”, adujeron.
La disputa que viene ocurriendo en la ciudad –donde por lo bajo el gobierno PRO tiene una relación de mayor entendimiento con Sutecba que con ATE– parece un reflejo a menor escala de la puja entre la CGT y la CTA, a la que el gobierno nacional sigue sin concederle la personería gremial. Cuando se inició el conflicto por los despidos, luego de una semana a pura huelga y movilización, Macri convocó a Sutecba y firmó un acuerdo para revisar los 18 mil contratos vigentes y censar a los 100 mil empleados de planta. De los 2400 cesanteados no quedó referencia en el acta.
El gobierno porteño no incluyó a ATE en esa negociación ni en las siguientes en las que Sutecba inició, además, una negociación paritaria. Ante esto, ATE envió varias cartas documento a Macri y a sus funcionarios, acusándolos de “discriminación y práctica desleal”. No tuvieron respuesta. Luego le pidió una medida cautelar a Gallardo.
“Tuvimos que recurrir a un amparo porque Macri decidió unilateralmente discutir con un solo gremio. Es una mala costumbre de los gobernantes, que también utilizó más de una vez el Gobierno nacional con UPCN”, recordó a Página/12 el secretario general de ATE nacional, Pablo Miccheli. “ATE está representada en las negociaciones sectoriales, pero no en la central, porque allí el gremio representativo es Sutecba”, consideró, en cambio, el procurador porteño Pablo Tonelli, que apeló la resolución de Gallardo. En el fallo, el juez advirtió que, de no incluirse a ATE en las negociaciones, se estarían violando los derechos de representación de los trabajadores. El gremio le había solicitado al juez que aplique multas al gobierno si no cumple con la medida. “La situación en la que se habría colocado a la entidad gremial no resulta ni ética ni jurídicamente aceptable”, interpretó el magistrado, y ordenó que se los incluyera en una reunión paritaria que estaba prevista para ayer.
Ese encuentro curiosamente no se hizo: en cambio, hubo otro informal entre los macristas y Sutecba. Desde el sindicato de Genta argumentaron que se abrió un impasse a la espera del fallo judicial de la Cámara de Apelaciones sobre la intervención de la obra social Obsba. La medida que espera el macrismo llegaría antes de que termine esta semana.
Como había advertido, el gobierno porteño no entregó la lista de los despedidos a la Justicia, ni siquiera una versión parcial. En cambio, pidió una prórroga hasta mediados de febrero. Tampoco entregaron la nómina de los empleados de planta permanente que fueron pasados al Registro de Agentes en Disponibilidad (RAD), sino que adjuntaron los números de las resoluciones. “La nómina de los ex contratados no la tenemos lista”, confió a este diario un funcionario macrista.
–¿Pero tienen o no la lista de los que despidieron?
–La estamos armando. El problema es que muchos de los ex contratados nunca se han presentado. Le vamos a dar una lista de los que sí se presentaron.
Desde Sutecba confiaban en que la lista esté antes de fin de mes, porque luego se vence el pago de los reincorporados por las acciones judiciales de los jueces Elena Liberatori y Gallardo. “Si demoran más, la gente se queda sin cobrar”, advertían.
Gallardo derivó la decisión sobre la prórroga para entregar la lista al juez de origen, Guillermo Treacy, que deberá resolver si concede ese plazo. A este magistrado también le tocará desentrañar otra disputa legal que abrió ATE, que argumenta que el gobierno porteño presentó su apelación por los contratados fuera de plazo. Desde PRO, se atajaban: “Eso no puede prosperar. Bueno, aunque por estos días ya hemos visto tantas cosas que estamos curados de espanto”.
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