“¡Ese tipo tendría que ir preso!”: la frecuente exclamación vecinal, referida al que temerariamente lanza su auto cuando el semáforo se pone en rojo, podrá verse satisfecha cuando comience a regir la Ley de Evaluación Permanente de Conductores de la ciudad de Buenos Aires: en la votación artículo por artículo, efectuada en la madrugada de ayer, se decidió que la violación del semáforo pase a ser contravención, con pena de hasta cinco días de arresto. El juez contravencional podrá optar por aplicarle una multa de hasta 3000 pesos al culpable, que además sufrirá la quita de cinco puntos de su scoring. Por lo demás, la Legislatura estableció que el retiro de puntos sólo puede efectuarse cuando está identificado el conductor del vehículo, salvo para el exceso de velocidad: en esta infracción, si no se puede identificar al que manejaba, los puntos le serán retirados al propietario del automotor. La identificación de los infractores podría facilitarse mediante la creación de una policía de tránsito propia de la ciudad, proyecto que la Legislatura trataría en las próximas semanas. De todos modos la “debilidad” de la ley, según sus propios sostenedores, reside en que no abarca a más de un millón de conductores bonaerenses que manejan en Capital. El Ejecutivo porteño reiteró la necesidad de “un registro único de faltas para provincia y Capital, como ya hemos acordado, y sistema de scoring también para la provincia de Buenos Aires”. El gobierno bonaerense ya anunció que por ahora no lo implementará (ver aparte).

“La peligrosidad que implica la violación de semáforo en rojo nos llevó a la decisión de pasar esta falta al régimen contravencional, lo cual endurece la pena –confirmó Daniel Amoroso (macrista), presidente de la Comisión de Tránsito y Transporte–. Así esta conducta vuelve a tener categoría de contravención, como la tuvo hasta 2004.”

En caso de que el conductor, tras desestimar la luz roja, huya sin ser identificado, los fiscales y jueces contravencionales procurarán su identificación. Lograda ésta, el juez decidirá, según su evaluación sobre la peligrosidad de la conducta del imputado, si lo pena con arresto, de uno a cinco días, o con multa de 300 a 3000 pesos. Además, el puntaje adscripto a su licencia de conducir se reducirá en cinco unidades.

La violación de semáforo en rojo estaba incluida en la Ley 10, que definió inicialmente el Código de Convivencia porteño. Cuando, en 2004, esa ley fue sustituida por la 1472, que reformó el Código, esa falta no fue incluida. Siempre han sido contravenciones, en cambio, correr picadas, cruzar vías con barreras bajas y no detenerse a auxiliar en caso de accidente (aunque el vehículo no haya intervenido en el choque).

“Entendemos que ahora se cuenta con más elementos tecnológicos para que las fiscalías puedan llevar adelante el proceso y establecer la responsabilidad del infractor”, comentó la legisladora Silvia La Ru-ffa (kirchnerista), quien presentó uno de los primeros proyectos de sistema de puntaje.

En caso de que el conductor que cruzó en rojo no pueda ser identificado, el propietario del vehículo deberá pagar la multa, pero no podrá sufrir retiro de puntos. Esto refleja el criterio que, en la madrugada de ayer y por votación dividida, prevaleció respecto de casi todas las faltas. Los kirchneristas, ibarristas y socialistas sostenían que, para todas las faltas comprendidas en el sistema de puntaje, en caso de no identificarse el conductor debían descontársele los puntos al dueño del vehículo. La mayoría macrista y de Coalición Cívica hizo valer el criterio de que, cuando el conductor no está identificado, el sistema de puntaje no es aplicable, salvo para el caso de exceso de velocidad.

Amoroso señaló que “un conductor a alta velocidad tiene más chances de no ser identificado y, justamente por eso, contamos hoy con soportes tecnológicos como los radares y las fotos. Entonces, para esta falta, el titular del dominio del vehículo debe comparecer con la persona que conducía, si no era él mismo; si no lo hace, se le retiran los puntos a él”.

Según precisó Amoroso, “la redacción final de la ley fijó una quita de 10 puntos por circular a 40 o más kilómetros horarios por encima del límite permitido, y una quita de cinco puntos por circular de 20 a 40 kilómetros por encima de lo permitido”.

–¿En qué medida la necesidad de identificar al infractor reduciría las perspectivas de aplicación para el sistema de puntaje? –preguntó Página/12 al titular de la Comisión de Transporte y Tránsito.

–Esto depende de que funcione un control efectivo –contestó Daniel Amoroso–: podemos tener la mejor ley de scoring pero, si no contamos con un poder de policía propio, no se va a cumplir. Tenemos ya un proyecto para crear la policía de tránsito de la ciudad, tal como lo requiere el Código de Tránsito ya aprobado. Debe ser un cuerpo destinado exclusivamente a la regulación y control del tránsito: si se cuenta con personal suficiente, provisto de tecnología accesible como handies y celulares, el conductor que no se detenga para ser identificado será interceptado a pocas cuadras, en el siguiente puesto de control de tránsito; agregando cámaras automáticas de foto en todos los semáforos y radares en las avenidas más importantes, se podrá hacer respetar la ley.

–Varios legisladores admitieron que la nueva ley tiene “debilidades”, especialmente por la falta de articulación con la provincia de Buenos Aires: ¿qué piensan hacer al respecto?

–Efectivamente –contestó Amoroso–, si una persona vive en provincia y trabaja en la Capital, no va a entrar en el sistema de puntaje. Por eso es tan importante, especialmente en el área metropolitana, trabajar en conjunto con las autoridades bonaerenses. Alberto Pérez, jefe de Gabinete del gobierno de Daniel Scioli, fue diputado porteño y como tal impulsó el scoring: me dio su palabra de que trabajaremos para avanzar en un registro de antecedentes compartido y para que la Legislatura provincial también sancione el sistema de puntaje.

A la misma pregunta, La Ruffa contestó que “sí, desde el principio reconocimos esa debilidad, pero también subrayamos que el sentido de esta ley no es, centralmente, lograr la máxima efectividad en la quita de puntos, sino cumplir una función pedagógica: el debate que se ha generado, la presencia en la agenda pública, ya es positivo. Y creemos que, como ya pasó con la Ley de Educación Sexual, el debate en la ciudad facilitará el debate en el Congreso nacional, a partir del proyecto que el Poder Ejecutivo anunció esta semana.

Mauricio Macri, jefe de Gobierno porteño, afirmó que la Ley de Evaluación Permanente de Conductores “es el sistema más justo pero no alcanza: necesitamos que esto se unifique, por lo menos, con el Gran Buenos Aires, y con toda la provincia de Buenos Aires, para que haya un registro único de faltas, como ya hemos acordado, y también un sistema de scoring para ellos”.

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