Por Victoria Ginzberg

El listado oficial del SAME del 20 de diciembre pasado indicaba que los asesinados en la represión en Plaza de Mayo y el Obelisco, previa a la renuncia del ex presidente Fernando de la Rúa, eran seis. Al día siguiente, Rubén Aredes murió en el hospital y las víctimas fatales sumaron siete. Pero en los registros judiciales sólo hay seis cuerpos identificados. ¿Se trata de un error o un desaparecido? Este tema fue planteado ayer, a casi un mes de los hechos, por los miembros de una futura comisión que se formará en la Legislatura porteña para ayudar a la investigación.
Alicia Pierini, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, informó ayer que además de los cinco asesinados el 20 en los alrededores de Plaza de Mayo y el Obelisco cuyas autopsias constan en el expediente de la jueza Servini de Cubría, y Aredes, cuya causa la lleva un juez penal, “un séptimo muerto, según el listado oficial del SAME, aún no ha podido ser verificado”.
Las hipótesis que manejan los miembros de la comisión van desde un posible error (el SAME no levantó el cuerpo porque sólo está autorizado a atender heridos pero podría haber ocurrido que la persona estuviera grave pero aún con vida) hasta que el cuerpo fue ocultado por la policía, ya que se trataría de uno de los primeros asesinados. En el medio, está la suposición de que puede existir una causa en un juzgado ordinario por el caso. Esto fue lo que ocurrió con Aredes, quien murió el 21 de diciembre en el Hospital Santojanni y a quien, hasta hace pocos días, Servini de Cubría no tenía registrado ya que su expediente fue derivado a otro juez.
“Buscamos alcanzar el total esclarecimiento de la verdad, impedir la impunidad de los responsables, acompañar a los heridos en su recuperación y hacer propia la demanda de los familiares de los muertos por justicia y memoria para sus seres queridos”, aseguró Pierini, al anunciar la conformación de la “Comisión Verdad 20 de diciembre” en una conferencia de prensa en la Legislatura porteña.
De este organismo, que quedará formalmente establecido cuando la Legislatura retome las sesiones, participarán también la directora de Derechos Humanos de la Ciudad, Gabriela Alegre, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el abogado Luis Valenga. La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que también es querellante en la causa, no aceptó formar parte.
Los futuros miembros de la comisión hicieron un balance de algunos hechos que se desprenden de lo investigado hasta el momento: “Hubo balas de un solo lado, del lado de la policía y no hubo ningún manifestante armado”, afirmó Pierini.
“Existió un patrón de represión. No fueron hechos aislados. los responsables políticos tuvieron responsabilidad directa en los resultados. Son también responsables penales”, aseguró Víctor Abramovich, director del CELS.
Desde el público, la mamá de Martín Galli, uno de los heridos de gravedad por la represión que aún se está recuperando, se preguntó qué pasa con los policías que ejecutaron los disparos y aún están en las calles. Y la hermana y la mamá de Gustavo Benedetto afirmaron que confían en que la Justicia condene a los asesinos del joven de 23 años.