“Creo que se recordará que el presidente (Eduardo) Duhalde, en la Asamblea Legislativa, solicitó que se investiguen los bancos”, argumentó el juez Norberto Oyarbide ayer a la mañana mientras se multiplicaban los allanamientos que él ordenó en busca de pruebas de la posible fuga de millones de dólares. A puertas cerradas, la jueza María Romilda Servini de Cubría, que lleva una investigación por el mismo tema, se mordía las uñas: le había pedido –en vano– a su colega que no empezara los operativos hasta que se pusieran de acuerdo. Lo lógico, sostenía ella, era que el expediente quedara unificado en su juzgado, donde quedó radicada la primera denuncia. Ayer, en plena disputa, se agregó una tercera demanda que quedó a cargo del juez Claudio Bonadío.
Oyarbide dijo que la causa que conduce “está enmarcada en la situación económico-financiera del país”. “Nosotros trabajamos para saber si todas estas situaciones se han registrado o no, tenemos que reunirnos con los datos que puedan existir y analizar todo en forma cuidadosa”, sostuvo aludiendo a las denuncia presentada por los abogados Isaac Damsky y Edmundo Veronelli y la del letrado Juan Carlos Iglesias, por otro.
La presentación de Damsky y Veronelli apunta al ex presidente Fernando de la Rúa, al ex ministro de Economía Domingo Cavallo y al ex presidente del Banco Central Roque Maccarone. Los acusan de “defraudación contra el Estado” y “estafa”, partiendo de la hipótesis de que 358 camiones de caudales habrían transportado dinero hasta el aeropuerto de Ezeiza para llevarlo al exterior entre el 20 y el 30 de noviembre, antes de la imposición del “corralito”. Si el BCRA no dispuso sumarios, analizaron, “es porque se pretende encubrir la irresponsabilidad de los organismos de préstamos”. Iglesias calcula que la fuga habría sido de 26.600 millones y el principal destino de los fondos, Estados Unidos.
La pesquisa de Servini de Cubría se basa en una denuncia de las diputadas del ARI Graciela Ocaña y Marcela Rodríguez, para quienes un “sistema paralelo” que los bancos usan para triangular dinero negro se usó también para sacar la plata fuera del país, quizá aún después de instalado el corralito. “Se habría gestionado, de un modo sistemático y masivo, una incitación a todos los clientes importantes tenedores de depósitos a ‘trasladar’ desde las cuentas declaradas en la banca argentina, hacia cuentas en el extranjero pertenecientes a la banca off shore”, señalaron. Aún ayer a la mañana seguían los allanamientos de Oyarbide en varios bancos. También se hicieron procedimientos en empresas transportadoras de caudales, en Ezeiza, en el aeroparque Jorge Newbery y en el aeródromo de Don Torcuato. La jueza Servini de Cubría intimó al BCRA para que entregue informes sobre movimientos de depósitos de una serie de bancos. Servini y Oyarbide tuvieron un encontronazo ayer en relación a quién debe conducir la causa. Incluso ella le envió un exhorto a él para que frenara los allanamientos. En teoría, debería ser la magistrada quien concentre las investigaciones por ser su juzgado el que recibió la primera denuncia.
Una tercera demanda fue presentada por el abogado Eduardo Guarna en el juzgado de Jorge Urso, que subroga Bonadío. Es “contra el presidente del Banco Central y contra todos aquellos titulares de las entidades bancarias reconocidas por el BCRA y los funcionarios de Gobierno responsables”. Guarna cree que el dinero quizá no esté fronteras afuera: “se debe investigar el volumen y destino de los créditos otorgados por los bancos integrantes del sistema, cuándo se acreditaron, en qué cantidades y si se han concedido bajo un exhaustivo análisis de factibilidad de recupero de los mismos y con qué se encontraba garantizada la solvencia del deudor”.