El juez en lo Penal Económico Jorge Brugo encabezó ayer otros once allanamientos a concesionarias, oficinas y domicilios de particulares en el marco de la investigación sobre el ingreso irregular al país de super-autos con franquicias diplomáticas. Efectivos de la Gendarmería llegaron a la planta de Ford en Pacheco y a las agencias de intermediarios que fueron citadas por los actuales titulares de Hummer y Porsche como los lugares donde adquirieron los vehículos. Al mismo tiempo, por pedido de la fiscal María Luz Rivas Díez, Brugo ordenó la interdicción de otros coches que siguen a nombre de distintos funcionarios de embajadas. Es que se trata de camionetas de gran envergadura y autos deportivos que no figuran entre los permitidos para el uso de diplomáticos y por lo tanto se presume un ingreso irregular.

El magistrado ya concretó 27 allanamientos. En las concesionarias y oficinas, Brugo busca esencialmente documentación. Por ejemplo, incauta carpetas y computadoras en las que también busca mails. Quienes conocen este tipo de investigaciones aseguran que el juez necesita rearmar todo el camino que siguió el vehículo, desde que se compró en Estados Unidos o Europa hasta que quedó en manos del actual titular. Por ello es que les pidió a las agencias en el exterior, donde se adquirieron las camionetas Hummer, los Porsche y el resto de los superautos que informen quién pagó la unidad. La lógica indica que un agregado militar o un funcionario de segundo nivel de una embajada de cualquier país no tiene disponibles 50.000 dólares para comprar una Hummer, por lo que se supone que el cheque o la transferencia salió del verdadero intermediario, concesionario o destinatario del vehículo. La modalidad sería que alguien pagó la unidad en el exterior, le dio entre 10.000 y 20.000 dólares al diplomático a cambio de la firma, le dio otros dos mil dólares al funcionario de la Cancillería que autorizó la franquicia irregular y se lo entregó a un comprador que ya le había pedido el auto de antemano. Pruebas sobre esos pasos es lo que busca Brugo en los allanamientos.

Ya la semana pasada el magistrado allanó los domicilios y oficinas relacionadas con los que serían los tres principales intermediarios, Pablo Rodríguez, señalado como el operador de más importancia, Néstor González y Gregorio Briongos. Pero también en concesionarias de Audi, ahora en la Ford de Pacheco y en agencias de ventas de autos importados como Minujen, Manrique y Machines. Ayer la Gendarmería estuvo en agencias de usados en las que ordenó la interdicción de al menos un Porsche.

Por pedido de la fiscal Rivas Díez, el juez Brugo avanzó con las interdicciones, esta vez con superautos a nombre de diplomáticos. En la mayoría de los casos, la interdicción significa que el titular debe concurrir al Registro del Automotor y allí se le pone un sello al título de propiedad que inhibe la venta o prenda de la unidad. Se dice que los oficiales llaman al juez y que éste decide si, además, se prohíbe la circulación del coche. Esto depende mucho del peligro que el magistrado vea de que se haga desaparecer el vehículo. Si percibe que se trata de una concesionaria de envergadura o un titular que ofrece garantías, se realiza la interdicción del vehículo, pero se le permite circular después de que se contrate una póliza que asegure la unidad ante un eventual robo o choque.

El caso de los autos diplomáticos también está en el fuero federal, a cargo de la jueza María Romilda Servini de Cubría, quien actualmente reemplaza a Norberto Oyarbide. La magistrada pidió una certificación de la causa de Brugo, lo que significa que un secretario concurre al Juzgado en lo Penal Económico y revisa si el objeto de la investigación es el mismo. Todo indica que es casi seguro que el expediente se terminará unificando en un solo fuero, el Penal Económico, porque allí se investiga el delito más importante, el contrabando agravado. Es más, como anticipó Página/12 el domingo pasado, es muy posible que Brugo, tras evaluar la documentación, ordene alguna detención y el secuestro de vehículos.