“Y se enllenó de tal suerte
que andábamos a empujones
Nunca faltan encontrones
cuando un pobre se divierte.”
José Hernández, Martín Fierro

La paritaria nacional docente fue la primera en Argentina y no reconoce parangón en América latina. Secuencia lógica y virtuosa de la Ley de Financiamiento Educativo, dinamiza un conjunto de relaciones endiabladas. A diferencia de una negociación del sector privado, hay roles ambiguos y las competencias son imprecisas. Entran en juego 25 jurisdicciones (la nación y las provincias) sentadas frente a cinco representaciones gremiales. Entre ellas, Ctera es de lejos la mayor pero hay otras cuatro, incluida una de los docentes privados. Hay sindicatos de larga estirpe, otros que se estrenan en el ruedo.

La política de Estado tendiente a reparar el desquicio de la descentralización educativa camina sobre un filo: hasta qué punto pueden resolverse en sede nacional cuestiones que serán sustanciadas en cada provincia. Es un arcano saber quién representa al “Estado empleador” en la mesa de negociación, no lo es (aunque pueda aparentarlo a simple vista) el ministro de Educación de la nación. Los empleadores cabales son 24 distritos.

La heterogeneidad es la regla (concepto que se repetirá al final de esta columna, porque de eso se trata). Las provincias tienen distintos sistemas educativos, variadas relaciones con su sindicalismo docente, capacidad económica y voluntades políticas disímiles. Los gremios por encuadramiento y combatividad también expresan un abanico pleno de color local.

En toda negociación se hace camino al andar, en ésta (son argentinos al fin) también se va configurando el alcance legal de una institución recién nacida. Así las cosas, se cerró el acuerdo tras un mes de conversaciones con aplausos de todos los asistentes y aun abrazos con el ministro de Trabajo.

La conclusión de cajón es que las tratativas fueron un éxito, un precedente hacia el futuro. También un paso en aras de las reformas de “segunda generación” (las primeras fueron las normas educativas dictadas y los puentes tendidos durante la gestión del ex ministro Daniel Filmus) y una nueva instancia institucional, de esas que tantos reclaman, incluso este cronista. Si se siguen las crónicas que la fueron glosando, en especial en los medios audiovisuales, se tiene la impresión de haber estado en Kosovo. Las palabras “tensión”, “cruces”, “duro” y “fracaso” se repitieron sin desmayos.

Toda negociación, hasta el regateo para comprar un tapiz, tiene su liturgia, sus amagues, sus planteos de máxima, sus escenas cirqueras o pasionales. En muchas culturas es una ofensa cerrar una transacción sin ese juego previo, que establece un particular vínculo entre quienes pulsean. Sólo una mirada naïf, charramente ignorante o interesada puede confundir esos escarceos con una lucha a muerte. Al lector le cabe plantearse cuál de esas distorsiones enturbia la vista de tantos comentaristas, no deseche las explicaciones híbridas.

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Más frágil que el cristal: Desde luego, un acuerdo en germen es una criatura frágil, cuya sobrevida está supeditada a la destreza de los paritarios. Todos arriesgaban lo suyo en la movida. Ctera, por peso y prosapia, la de conducir al conjunto de trabajadores y de obtener un resultado acorde a sus banderas combativas. El Gobierno, la de abrochar bien una instancia inédita, de su cuño.

Para los docentes era esencial lograr un aumento salarial significativo, que superara el del año 2007. En ese momento, se fustigó que la cifra (23 por ciento) tenía perversas motivaciones electorales. También era interesante ampliar el temario de la negociación, incluyendo variadas cuestiones económicas y laborales: sin agotar la nómina, la regularización de pagos en negro vía tickets, la carrera docente, los regímenes de titularización, el ordenamiento del sistema educativo en las provincias. Los docentes saben que tienen mejores perspectivas de avanzar en sus reivindicaciones con el gobierno nacional que con los gobernadores, tomados de a uno.

El régimen educativo actual, que “renacionaliza” de a puchos el sistema, contiene en su ADN una ambigüedad respecto de sus proyecciones federales. La nación costea a once provincias que no pueden bancar los aumentos. Esa cifra no es estática, aunque el Gobierno desea evitar una proyección imaginable: estalla un conflicto local, las autoridades provinciales culpan a la nación y le piden un salvavidas en dinero. Ese ida y vuelta de traslado a las provincias de reglas generales (en general progresivas) y de retorno a nación de los problemas (en general con costos económicos) cifra la dialéctica de una regeneración que es necesaria pero muy trabajosa.

El búmeran fastidia al oficialismo, por millones de razones contantes y sonantes. La consigna consiguiente es abrir el paraguas de modo preventivo porque una vez que llueva le costará evitar involucrarse, que casi siempre será sinónimo de transferir recursos.

El conflicto de 2007 en Santa Cruz, que genera una bronca fundacional de la cúpula del kirchnerismo, se deja explicar en buena medida por esa derivación.

En la cinchada los docentes bregaban para ampliar todo lo posible el temario, en tanto el Gobierno buscaba ceñirlo. Fueron esos detalles los que postergaron por horas la firma final y aguzaron enojos de último momento. Algunos puntos peliagudos, la incorporación de rubros “en negro”, los tickets, se discurrirán en marzo, después de que haya comenzado el período lectivo.

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Números: Para Cristina Fernández era un punto de honor que constara en el convenio el compromiso de cumplir los 180 días de clases. Es un epíteto (la ley establece esa obligación) pero también un símbolo. La Presidenta mentó el tema en su discurso ante el Congreso el día que asumió y lo refregó ante la cúpula de la CTA cuando la recibió.

El Gobierno le asignó carácter prioritario a la negociación, desde su comienzo. Carlos Tomada comidió a su viceministra Noemí Rial a manejarla en el día a día y dedicó él mismo horas a amigarse o enojarse, según cuadrara. Una minirreunión de gabinete (Cristina, Alberto Fernández, Tomada y Carlos Zannini) convalidó la letra fina. Y el guarismo redondo lo terminó de cerrar el jefe de Gabinete en diálogo telefónico con los gremialistas.

Para éstos, superadas las vicisitudes, el saldo es encomiable. La paritaria consolidó la tendencia a la jerarquización del salario, meta aún distante. La nueva herramienta los coloca en ligas mayores (cuesta estarlo para un sindicato sin incumbencias para negociar) y pueden mostrar un porcentaje mayor al que obtuvo Moyano.

Las relaciones laborales son de “tracto sucesivo”, según la jerga forense. No se agotan en un acto (como un viaje en taxi o la compra de un sandwich), perduran en el tiempo. Esa característica fuerza a múltiples previsiones que, ay, jamás alcanzan del todo. Por lo pronto, los acuerdos de tracto sucesivo perduran mientras lo hagan sus condiciones generales de contexto (rebus sic stantibus, otra vez en jerga pero en latín). Para qué hablar de las relaciones laborales en un país en crecimiento, con inflación y no siempre previsible. El broche puesto el viernes no clausura el conflicto pero sí le da un marco previsible e institucional. Un toque de calidad y de política de Estado que no vacuna contra los desafíos y los riesgos pero sí marca un sendero.

Ningún otro país de América latina está a la altura del sistema argentino en el tópico que nos ocupa. En Brasil se empieza a discutir una ley similar a la de financiamiento educativo (el Fundep), su derecha le hizo la cruz y la está trabando en el Congreso.

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Diecinueve coma cinco: Es un clásico: los protagonistas de la política rezongan contra el peso de los medios y se consagran a diario para determinar sus títulos de tapa. En ese plan, Hugo Moyano y el oficialismo se dieron un gustazo que fue propagar un guarismo, 19,5 por ciento, y sus líneas de interpretación básica “una señal” en la lectura moderada o “un techo” para intérpretes más fervorosos. Como primer vistazo, está bien; si se aguza la mirada hay más vericuetos. Es imposible cifrar en un número la vastedad de situaciones que se zanjan en un acuerdo colectivo. Y es más opinable que esa cifra exprese el impacto del aumento en la economía. La vastedad de situaciones que abarca un convenio no se puede resumir en un número cuyas implicancias políticas son igualmente evidentes.

El famoso convenio testigo (antaño la UOM, ahora los camioneros) no es vinculante para todos pero marca una referencia potente. Haber rubricado con ellos y con la Uocra, casi sin despeinarse, es un alivio para el Gobierno. Moyano y Gerardo Martínez demostraron en el rectángulo de juego por qué son dos aliados firmes del oficialismo. Las respectivas cámaras patronales –la Federación de Transportes de carga y la Cámara Argentina de la Construcción (CAC)– participaron con euforia de la presentación del tributo en la Casa Rosada. Son dos sectores muy beneficiados por el actual “modelo”, lo que les permite bancar con holgura los aumentos. Por decirlo en términos técnicos, hicieron profesión de fe por fervor patriótico y porque su patriotismo se exacerba cuando se la llevan con pala. Un alto funcionario que estuvo en las reuniones respectivas comentó con cierta sorna que la cantidad y calidad de las alabanzas de los empresarios al Gobierno y al modelo dejaron muy atrás a las de “Gerardo” y el “Negro”, que no suelen ser avaros en ese aspecto.

Tras ponerles el moño a dos acuerdos de dos actividades productivas centrales, Trabajo se abocará a algunas negociaciones del área de servicios. Los mercantiles (con el melifluo Armando Oriente Cavalieri a la cabeza) y los bancarios están en primera fila. El Gobierno cree que esas tratativas se encaminarán bien.

Más les preocupa otra pata de su modelo, la industria. Los ceños se fruncen de cara a la heterogeneidad del sector que va desde talleres o pymes hasta las automotrices. Estas últimas rondan el cenit: tienen records de ventas, producción comprometida por muchos meses, el sector creció en 2007 más que China, hay empresas en las que se laboran cuatro turnos. El Smata de José Rodríguez está de parabienes y tiene todas de su lado para desbordar la línea demarcada por los camioneros. Pero ese desempeño no puede ser copiado por otras industrias ni siquiera por una muy parental, la metalúrgica. La pica entre la UOM y el Smata es proverbial, ésta es la época de vacas gordas de los mecánicos. Las derivaciones de la asimetría son asombrosas, incluye el trasvasamiento de obreros calificados de una rama a la otra: un tornero o un fresador pueden derivar de la metalurgia a la fabricación de autos con cierta comodidad, en aras de mejores cielos. Los costos para el mercado de trabajo del otro sector pueden ser llamativos. También lo sería que los metalúrgicos contagiaran sus ansias de los compañeros del Smata. “Algunas empresas pueden pagar lo que les piden o el triple. Otras tienen márgenes más estrechos”, describe un negociador estatal de primer nivel.

A medida que se reactiva la economía y se consolidan algunas actividades, se complejiza el mundo del trabajo que no se deja pintar con un número ni se dejará gestionar con una sola institución. La consolidación de la negociación colectiva es un avance institucional que deberá ser enriquecido con otros, para ir resolviendo situaciones cada vez más diferenciadas. Si se permite un slogan, para algunos trabajadores el problema es el mínimo, vital y móvil; para otros, el mínimo no imponible de ganancias. Las soluciones generales deberán hacer un lugarcito a políticas más sofisticadas y de nuevo cuño. Quizá políticas universales de ingresos para los más desfavorecidos. Para el otro extremo de la condición obrera (aquel que gana bien, recuperó la autoestima y tiene pleno empleo), quién le dice, sonará la hora de ir demandando participación en las ganancias de la empresa. Suena delirante pero está consagrado desde hace medio siglo en el artículo 14 bis de la Constitución, un ejemplo flagrante de inseguridad jurídica que no escuece a la derecha ni a los diarios de negocios.

Desde luego, no falta quien dirá que el resurgir de la puja distributiva pone en riesgo la economía. Años ha, esos presagios brotaban por la movilización de los piqueteros. Nunca faltan encontrones cuando un pobre se divierte o, por lo menos, recupera poder relativo.