EL PAíS › RECLAMAN QUE CAVALLO SEA JUZGADO EN ESPAÑA ANTES DE SER EXTRADITADO
› Por Gerardo Albarrán de Alba
Desde México, D. F.
Ricardo Antonio Cavallo, identificado por sobrevivientes de la dictadura como el torturador Sérpico, volverá a la Argentina a enfrentar cinco causas abiertas en su contra por crímenes cometidos en la Escuela Mecánica de la Armada. El 7 de febrero México dio su consentimiento para que España extradite al ex capitán de corbeta al país, sin que esto impida que también sea juzgado en Madrid, donde se lo acusa por su presunta participación en siete asesinatos, 152 delitos de lesiones y 407 de terrorismo, por los cuales se solicitan hasta 17 mil años de cárcel. El juicio en España y el proceso de extradición son causas separadas, según fuentes de la Audiencia Nacional en Madrid. Ayer, las acusaciones populares y particulares en España pidieron que antes de ser extraditado se cumplan los juicios en ese país.
Cavallo fue detenido en México a solicitud del juez español Baltasar Garzón en agosto de 2000. Luego de viajar por Panamá, Chile, El Salvador y Estados Unidos, llegó a México el 5 de octubre de 1999; poco después se instaló como empresario. Fue detenido luego de que su foto saliera en los periódicos y fuera identificado por sus víctimas. Su arresto ocurrió cuando intentaba huir a Argentina para ampararse en las ahora derogadas leyes de punto final y obediencia debida. Antes de cumplir tres años detenido en México fue extraditado a España en 2003 para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983.
Luego de siete años y medio de detención y tras reiterados exhortos españoles –el último, a principios de este mes–, la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinoza, firmó el pasado 7 de febrero el acuerdo de extradición. En Argentina, Cavallo es requerido por cinco causas abiertas en su contra por el juez Luis Torres.
La anuencia de México para que España extraditara a Cavallo a Argentina era indispensable, por el Tratado bilateral de Extradición y Asistencia Mutua en Materia Penal, firmado por ambos países. En su artículo 18 establece la doctrina a aplicar en el caso de que una persona extraditada entre ambos países sea a su vez entregada a un tercer país: “La reextradición en beneficio de un tercer Estado no será otorgada sin el consentimiento de la parte que ha concedido la extradición”.
Conocido también por los alias Marcelo y Miguel Angel, Cavallo es acusado de secuestrar, torturar y asesinar disidentes en la ESMA, en la cual fue responsable en 1979 de la “Pecera”, en donde sometía a trabajos forzosos y de servidumbre a los detenidos. En 1980 fue enviado al Centro Piloto de París, establecido por los militares argentinos para contrarrestar las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura, según el expediente en su contra.
En México, Cavallo estaba al frente de una empresa privada que había obtenido la concesión para levantar el Registro Nacional de Vehículos, una actividad que ya había desarrollado antes en El Salvador, donde dejó a su hermano Oscar Eduardo al frente de la empresa Servicio de Tránsito Centroamericano, gracias a sus nexos con el partido Arena, fundado por el mayor Roberto D’Abuisson, el asesino intelectual del arzobispo Oscar Arnulfo Romero. Sus nexos empresariales se extendían también a Miami, además de ser socio en varias empresas argentinas junto con otros ex militares del GT 3.32, todos ellos vinculados con la Fundación Cubano-Americana que fundó Jorge Mas Canosa y que participó en los asesinatos del general Carlos Prats en Argentina, en septiembre de 1974, y de Orlando Letelier, ex canciller chileno en Washington, en septiembre de 1976.
Cavallo no era nuevo en este tipo de negocios y sus primeras incursiones se remontan a sus vínculos con la inteligencia de Bolivia, con la que habría colaborado para asesinar al presidente de ese país Juan José Torres, en 1976, en Buenos Aires. En 1980 viajó a Bolivia para apoyar el cuartelazo que llevó al poder a Luis García Meza, donde permaneció tras el fin de la narcodictadura, protegido por sus socios del Plan Cóndor. En el 2000, la empresa argentina Talsud-Sertracen, en la que tenía participación, adquirió la licitación del Registro de Identificación Nacional.
Ahora, Cavallo viajará a Argentina a enfrentar un juicio que evadió durante un cuarto de siglo. En España, podrían repetirse las escenas que lo despidieron cuando México lo envió a Madrid, y la organización Hijos-México, integrada por descendientes de exiliados argentinos, entre mantas, cantos y consignas, le gritó: “Asesino, te vas, te vas... nunca volverás”.
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