Ellos tomaron la fábrica, ellas se encadenaron a la reja de la gobernación platense. Son los trabajadores de la textil Mafissa y sus esposas que siguen reclamando “una urgente solución al conflicto, la reincorporación de todos los despedidos y suspendidos y el cese del lock out” (paro patronal). Las mujeres fueron recibidas el viernes por un secretario del gobernador bonaerense, Daniel Scioli, a quien entregaron una carta en la que expresaron “su gran preocupación por un posible intento represivo”. Esta “Comisión de Mujeres de Mafissa en lucha” adelantó que si no encuentran una solución iniciarán una huelga de hambre. Sus maridos resolvieron el lunes en asamblea la permanencia pacífica dentro de la planta, ubicada en Lisandro Olmos, “para resguardar” la “fuente de trabajo ante el posible vaciamiento que puedan llevar adelante los empresarios”.

Agua mineral, juguetes, cantos, chicos con remeras que dicen “familia en lucha”, pintadas en la vereda con aerosol. El conflicto, según explicaron, lleva más de 80 días y afecta a 500 familias. Las mujeres estuvieron encadenadas a la reja desde el viernes al mediodía, hasta que las atendió un funcionario enviado por el gobernador, que, a su vez, las mandó al Ministerio de Trabajo. Allí las recibió otro secretario de apellido Montes de Oca, de la cartera que conduce Roberto Mouillerón, quien les explicó con tono docente que ellos están “atados de pies y manos porque una vez finalizada la conciliación obligatoria las partes quedan liberadas para hacer lo que quieran”, según refirió a Página/12 Lorena Alcántara, una de las mujeres que se ató con cadenas a la puerta de la Casa de Gobierno. “El funcionario dijo que las partes ya son irreconciliables, que es algo personal, pero cuando le dijimos que si la empresa puede hacer lo que quiere, nosotros podemos tomar la fábrica nos respondió que no”, agregó.

En su carta a Scioli alertaron sobre “cualquier intento de represión por parte de la policía o de patotas enviadas por la empresa contra nuestros esposos y nuestras familias” e hicieron responsable al gobierno de la integridad física de sus maridos. Este diario publicó el lunes la denuncia de la comisión interna, que acusa a los dueños de Mafissa, la familia Curi, de haber contratado a la Policía Bonaerense para infiltrar a sus operarios durante la dictadura y de seguir usando los mismos métodos represivos para amedrentarlos en el actual conflicto. Quince trabajadores de esa empresa, que se llamaba Petroquímica Sudamericana, permanecen desaparecidos. Jorge Curi, padre, escribió en 1977 el libro Arriba Argentina en el que saluda con euforia el golpe de Estado.

Los trabajadores aseguraron que la asamblea que realizó el martes pasado la Asociación Obrera Textil (AOT) fue un fracaso y advirtieron sobre “el enorme operativo policial que desplegaron para garantizarla, que contó con la participación de tres fuerzas de seguridad: Policía Bonaerense, Gendarmería y Policía Federal”. Según explicó el delegado Hernán García a Página/12, “la AOT está ofreciendo 400 pesos, que les da la empresa a los que se bajen de la lucha, en una jugada extorsiva que demuestra que no tienen límite”. Los delegados consideran que el objetivo de esas asambleas es “legitimar” el supuesto “fin del conflicto”, para dar paso a la confrontación “entre los trabajadores que permanecen en la planta, la patota del sindicato y los operarios que sean convocados a trabajar”. Por su parte, la empresa considera que el tema de los despidos “está cerrado” y sostiene que la fábrica volverá a funcionar “cuando (los trabajadores) desbloqueen el portón” de ingreso. Los operarios dicen que desde noviembre fueron despedidos 103 trabajadores, a pesar de que el Ministerio de Trabajo rechazó el recurso de crisis de la empresa.