El intendente de Pinamar juega hoy una de sus cartas definitivas. Su abogado defensor presentará ante la Cámara de Apelaciones de Dolores la ampliación de los fundamentos del pedido de excarcelación. Y eso que es un paso normal para quienes están a punto de ser detenidos, para Roberto Porretti en este momento es crucial. Su abogado intentará convencer a la Justicia de que la causa es “nula” porque está “armada por sus enemigos políticos”, que intentan desbancarlo. La estrategia incluye un pedido de cambio de calificación para lograr al menos un delito excarcelable.

La cita en Dolores es a las 11 de la mañana. Hasta anoche, no estaba prevista la presencia de Porretti, sino de su abogado José Ochoa, a cargo de la estrategia de defensa.

“Esto no es una indagatoria”, dijo Ochoa a este diario anoche, y ya contrariado por las versiones que durante el día terminaron diciendo que el intendente estaba a punto hasta de quedar detenido. “Esto es una cosa normal, lo que se hace es reforzar el pedido de excarcelación a los fines de fundamentarlo y eso se hace así porque con el correr de los días la situación del imputado cambia: en la causa ahora hay testimoniales que hace diez días no estaban, hay ampliaciones y cambiaron las circunstancias. Ahora todo favorece a mi defendido, porque entre las testimoniales están las personas que quieren asumir ahora.”

En pocas palabras, la estrategia judicial de Porretti tiene dos caras. Por un lado, intentará demostrar que la causa por una supuesta extorsión de 175 mil pesos fue producto de un acuerdo político destinado a desbancarlo. Para eso, su abogado estudió la causa. Se basó en las ampliaciones de declaraciones testimoniales de los dos empresarios autores de la denuncia y en la testimonial del presidente del Concejo Deliberante de Pinamar: Rafael De Vito es un empresario del PJ, dueño de un corralón, primero en la línea de sucesión del intendente y a quien consultaron los dueños del boliche Ku-El Alma horas antes de la denuncia. En ese esquema, y entre esos actores, se cierra la primera estrategia de la defensa sobre un supuesto.

En segundo término, la defensa busca cambiar la calificación de la causa. El delito de extorsión tiene prevista una pena de 5 a 10 años de prisión, y la máxima no es excarcelable. Para el cohecho, la ley prevé en cambio de 1 a 6 años y sí es excarcelable.

Técnicamente, la figura del cohecho le puede permitir a Porretti no solo quedar libre, sino dar vuelta la causa para salpicar a los denunciantes. Porque ellos aparecerían como autores “pasivos” del supuesto pedido de coima. Pero ese cambio no parece sencillo. Según Raúl López Presa, abogado de los empresarios, el cohecho exige la presencia de un “pago voluntario”, y no de una “extorsión” como señala su denuncia. “Acá el secretario de gobierno Aldo Leonian les dijo a los empresarios: `Si no me pagás, yo te cierro’”. ¿Existe alguna posibilidad de que la causa, caratulada como una supuesta extorsión, cambie de carátula? “El peligro de la Argentina tercermundista, esto claramente es una extorsión que primero fue calificada así por una fiscal y luego por un juzgado de garantías”.

Ahora la Cámara será la que decida. El tribunal compuesto por Jorge Dupuy, Fernando Sotelo y Susana Yaltone debe pronunciarse sobre la carátula y también sobre los planteos de nulidad que presenta el abogado del intendente. Según los analistas, por las resoluciones de casos anteriores la Cámara podría llegar a confirmar la excarcelación de Porretti, pero sin modificar la calificación del delito.

En tanto, Gendarmería Nacional empieza a peritar la filmación aportada por los empresarios. Con peritos de ambas partes, la fuerza analizará la validez de las imágenes tomadas, observará los ensambles de las tomas y subtitulados. “Nosotros creemos que con esto se va a saber toda la verdad”, dijo Martín Camargo, vocero de Porretti, a este diario.