Por Alicia Oliveira *

No hay salida de la pobreza, la desesperación, el desempleo y el desencanto practicando solo consignismo y haciendo política con slogans. Las consignas y los slogans son apenas una enunciación tras la que encolumnar la indignación o un pesado telón tras el cual ocultar una política que excluye, margina y discrimina. Aun en la crisis más profunda es posible dar batallas y subsanar o aliviar la situación en que nos encontramos. Así, el año pasado, a través del decreto nacional 1174 se declaró la gratuidad del otorgamiento del primer Documento Nacional de Identidad a todos los niños de cero a seis meses de edad nacidos en el territorio nacional. Se trataba de una medida profundamente democrática.
Lamentablemente esta norma acaba de quedar sin efecto mediante artilugios jurídicos.
Tradicionalmente, la Dirección Nacional del Registro Nacional de las Personas estaba autorizada a imponer tasas por la expedición del primer documento de identidad. Lo permitía una ley dictada por la dictadura de Juan Carlos Onganía llamada ley de “Identificación, Registro y Clasificación del Potencial humano nacional”.
Como corresponde a un pensamiento totalitario, no democrático, la ley establecía que las personas que acreditasen pobreza estaban exentas. Podían hacer el trámite gratuitamente siempre y cuando el documento nuevo llevara inscripta su condición de ciudadanos de segunda: en la contratapa del DNI se imprimía el número del artículo que –como la estrella de David en las solapas de otras gentes y otras épocas– indicaba al capo de turno el tratamiento para las subespecies. La marcación, la doga, la mancha, son las cargas permanentes que sufren cotidianamente los pobres.
La acreditación de pobreza es un trámite engorroso y humillante. En él intervenían numerosos funcionarios públicos que contribuían a recargar las oficinas de carpetas y papeles. Nadie, por supuesto, se molestó en calcular qué era más eficiente para el Estado nacional: si pagar la ampliación de la burocracia o facilitar los documentos a los recién nacidos en forma gratuita.
Los resultados concretos de esta normativa son lo índices alarmantes de falta de inscripción de recién nacidos porque sus padres no pueden pagar el trámite. Procurar la excepción acreditando pobreza no es sencillo y, paradójicamente, es caro para los pobres. En algunas provincias deben presentar testigos. En otras, los nacimientos extramatrimoniales se inscriben por vía judicial. En todas, trasladarse de una oficina a otra es costoso. En la ciudad de Buenos Aires, los turnos para conseguir el informe ambiental para obtener la carta de pobreza suelen tardar varios meses. Los funcionarios olvidan con frecuencia que el tiempo de los pobres tiene valor, así como un pasaje en colectivo o un sello es un kilo de pan que no se compra.
No tener documento de identidad en este país implica desde sanciones pecuniarias por inscripción fuera de término hasta la imposibilidad de inscribirse en la escuela, de ser atendido en un hospital, de caminar libremente por la calle.
Por eso, cuando el entonces ministro de Desarrollo Social y Medio Ambiente, Juan Pablo Cafiero, dictó el decreto nacional por el cual se ordenaba que el primer DNI fuese gratuito, la medida no solo resultaba concordante con las normas internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos. También aseguraba poner fin a los altísimos índices de falta de inscripción y registro de recién nacidos y facilitaba a todos los niños sin discriminación alguna el acceso a los derechos que el estado todavía brinda.
Este decreto abría vías concretas en la lucha contra la discriminación y la pobreza. No era un slogan, era una acción positiva y real. Seguramente por eso no podía durar. No podía ser soportada por un Estado que parece empecinado en pelear contra los pobres y contra el igualitarismo. El 29 de agosto de este año, el boletín oficial publicó el decreto 1588estableciendo que la gratuidad “se limita a aquellos menores cuyos padres acrediten el cumplimiento del articulo 30, etc. etc.).”. O sea, los que acrediten pobreza en los mismos términos que la ley discriminatoria de Onganía.
¿Cómo se van a planificar las propagandizadas políticas para la niñez y la familia cuando ni siquiera el Estado tiene un registro fehaciente de los nacimientos? Para las políticas clientelísticas es mas redituable entregar documentos a los pobres como dádiva, que dárselos por derecho y, a los que no entran en la redes, dejarlos afuera.
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad acaba de presentar una recomendación al Poder Ejecutivo nacional para que cese en sus prácticas discriminatorias y vuelva a la vieja y buena política de entrega gratuita de documentos. Defender en acciones concretas las leyes que protegen el igualitarismo es actuar el Derecho, no declamarlo desde la barricada. Es pelear por consolidar lo poco bueno que algunos funcionarios producen. Es, hoy, el principal deber del funcionario público.

* Defensora del pueblo porteño.