A la palabra integración se la puede considerar neutra, mientras que desintegración tiene un cierto toque apocalíptico. En algunos casos, la separación o desvinculación de partes que estaban relativamente integradas supone una crisis pasajera y en otros puede tratarse del fin de la estructura precedente y el paso a una nueva manera de articulación. En sentido estricto, las desintegraciones argentinas comenzaron hace bastante tiempo. Lo que asombra en la actualidad es la condensación, difícilmente la culminación, de las desintegraciones precedentes. A fuerza de presentarse de manera cotidiana, los procesos anteriores habían sido naturalizados y pensados como cuestiones puntuales. En cierta forma, la desintegración se convirtió en un objeto de reflexión más legítimo cuando alcanzó ámbitos o sectores sociales a los que se consideraba protegidos. De allí surge el problema equívoco al que remite esa noción confusa y difusa. La desintegración de la estructura ocupacional se midió oficialmente con claridad desde los comienzos de la década del 90 y la palabra “exclusión” se empleó para designar a los crecientes contingentes de población que perdían posiciones o situaciones en el trabajo, la educación y la salud. La desintegración del sistema de educación pública tiene ya varias décadas y hoy no faltan los proyectos que la quieren seguir ampliando con argumentos de emergencias contables. La mercantilización de los distintos niveles de enseñanza profundizó las divisiones sociales y contribuyó a desintegrar la cohesión social. Se multiplicaron las ofertas educativas privadas que buscaron sus diferentes targets con graciosas publicidades. La crisis del sistema de protección público de la salud de la población fue igualmente registrada por la información estadística y, de tanto en tanto, entró en la prensa diaria bajo la forma de reclamos humanitarios o de denuncias de casos puntuales de extremas carencias. Allí surgieron las empresas que ofertaban medicina para los pudientes, y los índices de “esperanza de vida” manifestaron su habitual reflejo de las desigualdades sociales.
La desintegración del sistema de seguridad pública es un tema que está de más mencionar. La desintegración de los cuerpos encargados de impartir justicia, más allá de los casos de corrupción, se reconoce por sus demoras, errores, arbitrariedades y falencias. Prolongación de lo anterior, el funcionamiento del sistema penitenciario es criticado hasta por sus propios responsables. ¿Cuándo comenzó la desintegración territorial? No cabe duda de que viene de lejos y que durante los doce años de neoliberalismo se incrementó el aislamiento de regiones, el abandono cultural de zonas y se despoblaron ciudades con las privatizaciones. Nunca el territorio argentino estuvo totalmente integrado, pero en nuestros días es fácil reconocer los datos que muestran que la fragmentación ha llegado a puntos inéditos. Desde mediados de la década del 70 se inició la desarticulación de la estructura productiva, deficiente y con problemas, de la época de la sustitución de importaciones; y no fue reemplazada por otra capaz de proveer empleos e ingresos en iguales condiciones. Los efectos de los procesos de globalización contribuyeron, en casi todos los países que participan de ellos a la desaparición de actividades que no resultaban competitivas, pero en la Argentina faltó el dinamismo estatal y privado para tratar de integrar los fragmentos viejos y las implantaciones nuevas en una unidad más moderna y a la altura de los desafíos.
A la hora del agotamiento del “modelo”, que había creado una situación artificial de estabilidad pero que, en ningún momento, dejó de acrecentar las múltiples situaciones de desintegración, para muchos llegó la oportunidad de percatarse de la profundidad de la crisis. El verdadero problema del que, en cambio, parece no haberse tomado conciencia, radica en el hecho de que la sociedad argentina en sus prolongadas desintegraciones se quedó, también, sin aparatos estatales previsibles yracionales, con capacidades burocráticas para encarar la crisis y que, en su conducción, ya naufragaron varios gobiernos. Tampoco existen sectores empresarios que puedan plantear un proyecto histórico de reconstrucción y desde sus propios intereses incluir a los de otros sectores sociales y suturar, aunque sea parcialmente, las desintegraciones. El gran empresariado, nacional y extranjero, que actúa en el país operó en la desintegración económica y social con sus actividades que les aseguraron máximas ganancias mientras consiguió expropiar las riquezas acumuladas con el desguace del Estado, a la vez que concentró y extranjerizó parte de otras firmas de propiedad nacional, contribuyó a agotar las finanzas públicas y luego, la fracción bancaria culminó el ciclo apropiándose de los ahorros privados.
La percepción de los “antipolíticos” que protestan contra la “clase política” habla sólo del síntoma. En la Argentina todo muestra que nos encontramos en los límites mínimos, y que se están borrando, de la existencia de un Estado occidental y capitalista moderno. En consecuencia, el problema es mucho más serio que el del cambio de dirigentes partidarios. La nueva vuelta a la tuerca de la desintegración de las capacidades estatales la dio el gobierno de la Alianza y la prolongó el actual al establecer la ruptura de los contratos bancarios sin llevar a los responsables ante la justicia. Con esa simple iniciativa, se hubiese creado la sensación pública de la existencia de Estado. La desintegración de una sociedad suele dar saltos cualitativos hacia en el sentido contrario, es decir, hacia la reintegración cuando se presentan hitos simbólicos que reconstruyen la “comunidad imaginada”. La recuperación de la confianza de la ciudadanía, aunque sea precaria, puede, quizá, convertirse en el sustento de proyectos que deberán necesitar una completa reforma del Estado para encarar seriamente las soluciones a los múltiples procesos de desintegración que desde hace tanto tiempo se registran en la Argentina.

* Sociólogo.