El Gobierno y las entidades del campo acordaron tener una primera reunión técnica el próximo lunes para analizar la puesta en práctica del paquete de medidas anunciado por la presidenta Cristina Fernández en medio del lo-ckout. A continuación se detalla lo que ofrece el Gobierno y lo que reclaman los ruralistas.

Reintegros. El Gobierno aseguró que a los pequeños y medianos productores se les reintegrará el último aumento de las retenciones. Lo que se va a discutir a partir del lunes es cuál será la línea de corte. La intención oficial es subsidiar 500 toneladas por chacarero, incluyendo a los que producen hasta 1000 toneladas, pero los ruralistas quieren elevar ese techo lo más posible. Además, resta definir si cobraran sólo los propietarios de la tierra o se incluirá también a los arrendatarios y a los productores que ocupan parcelas en situación legal irregular, tal es el caso de muchos productores del norte del país. Otra cuestión a resolver es qué pasará con los que tienen una chacra que cumple con los requisitos exigidos y además participan en otras sociedades jurídicas que explotan campos que califican para el registro, ¿cobrarán por todos o sólo por uno? También se prevén problemas por el alto porcentaje de la producción que se comercializa en negro. Para cobrar habrá que presentar la factura y los chacareros sólo recibirán el reintegro sobre el monto que figure en ella. Fuentes oficiales aseguraron que quieren articular una política conjunta con las entidades para impulsar un blanqueo de las operaciones.

Movilidad de las retenciones. Las entidades saben que el Gobierno mantendrá el criterio de movilidad, pero apuestan a modificar la “tablita” que fija la progresividad. Afirman que con el esquema actual, si el precio de la soja llegara a superar los 600 dólares por tonelada, el Estado se quedaría con el 95 por ciento de cada dólar adicional, lo que en la práctica opera como un precio máximo. Desde el Gobierno remarcan que ese 95 por ciento se aplicaría sólo sobre la utilidad marginal que se obtiene por encima de los 600 dólares y no sobre el monto total, pero además agregan que es un debate abstracto porque para que ello ocurra el precio de la soja tendría que subir casi un 50 por ciento. Donde sí reconocen que podría haber cambios es en el piso de 23,5 por ciento, porque si el precio de la oleaginosa cayera por debajo de los 200 dólares esa alícuota podría poner en riesgo la rentabilidad del productor debido al incremento que se ha venido registrando en los costos.

Trigo. El Gobierno prometió la apertura del registro de exportación. Sin embargo, los chacareros ya vendieron casi la totalidad de su producción. Por lo tanto, lo que buscan ahora es tener garantías de que en la próxima cosecha van a cobrar el precio pleno. Hasta el momento, el oficialismo baraja dos alternativas. Una posibilidad es darle luz verde al proyecto que impulsa el diputado oficialista Alberto Cantero para crear una nueva Junta Nacional de Granos. Esa herramienta le permitiría al Estado comprar la producción de los chacareros para eliminar intermediarios y garantizarles mejores precios. La segunda opción es liberar el mercado y luego subsidiar sólo a los molinos para garantizar la estabilidad del precio del pan y otros derivados de la harina.

Leche. Los tamberos vienen reclamando desde hace varios meses que el precio de referencia que les paga la industria por cada litro de leche se eleve de 85 centavos a 1,20 peso, pues afirman que el valor actual no les permite afrontar sus costos. En el Gobierno niegan que los productores estén en una situación crítica, pero están dispuestos a otorgarles un incentivo adicional. Para ello planean elevar el precio de corte que reciben las industrias al exportar de 2770 a 3000 dólares. A cambio, les pedirán que mantengan congelado el precio de cinco productos lácteos clave dentro de la canasta básica y les paguen al menos 1,15 peso a los tamberos por la materia prima.

Carne. Los productores piden que se libere el precio del kilo vivo y que se acuerde con el conjunto de la cadena mantener estable el valor de 13 cortes populares. Sin embargo, en el Gobierno creen que antes de avanzar por ese camino se debería reemplazar el sistema de comercialización para vender la carne por cortes en lugar de por medias reses. Mientras tanto, lo único que ofrecen es agilizar los desembolsos correspondientes al Plan Ganadero, pues hasta el momento sólo se habían ejecutado 40 de los 200 millones de pesos presupuestados y la provincia de Buenos Aires, donde se concentran más del 50 por ciento de las cabezas, no había recibido ni un centavo.