El precio de la carne para consumo interno va acercándose a los establecidos por el Gobierno, aunque en forma despareja según el barrio de Capital o la localidad del Gran Buenos Aires. Los representantes del sector consultados por Página/12 continúan esperando una apertura de las exportaciones y un acuerdo definitivo entre las entidades y el Gobierno, que permita resolver lo que identifican como el principal problema de ese negocio: la falta de incentivos frente a otras actividades como la agricultura. Sin embargo, existen otros factores que inciden en toda la cadena de comercialización de la carne, poco mencionados a la hora de evaluar las políticas públicas y privadas: la evasión fiscal y sanitaria, el trabajo informal y la existencia de frigoríficos clandestinos.

Desde la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario indicaron a este diario que existen en el país 513 establecimiento faenadores con matrícula. De ese grupo sólo 91 tienen permisos para exportar y unos 100 tienen la habilitación de tránsito nacional, que significa que cuentan con un técnico del Senasa en el establecimiento. En Europa y en Estados Unidos exigen esta habilitación para ingresar carne a sus mercados.

Sin embargo, un ejecutivo del Centro de Consignatarios de Productores del país señaló a Página/12 que todos los establecimientos faenadores exportan, tengan o no habilitación. Muchas veces los pequeños establecimientos que faenan 500 cabezas por mes venden su producción a los grandes, que terminan exportando su producción. Desde el consorcio ABC aseguraron que las entidades habilitadas para la exportación representan el 90 por ciento de la faena total del país. “El resto es chiquitaje, y es el origen en alguna medida de la competencia desleal dentro del sector”, indicaron desde esa entidad.

Los frigoríficos desestiman la informalidad como causal de la distorsión de precios en el consumo interno y prefieren proponer medidas como la veda del consumo interno o la importación de los cortes populares a cambio de abrir exportaciones. Esa operatoria en negro llegaría al 30 por ciento en el rubro evasión tributaria y un porcentaje bastante más alto para la evasión sanitaria.

Brasil comercializa los novillos en 1,60 dólar, mientras que Uruguay a 1,35 dólar. Para Argentina, hoy el precio sugerido es de 1,05 dólar. “Si se abriese la exportación de los cortes enfriados más caros, saldrían del país cinco cortes (25 kilos por animal) y el resto de los 250 kilos de la vaca quedarían para consumo interno. Pero hoy los exportadores no están faenando”, apuntó Mario Gorelik, director de Asuntos Públicos del frigorífico Quickfood.

“Siempre se dice que el plan ganadero debe ser de largo plazo pero nunca se empieza. El primer paso debería ser la sanción de una Ley Federal Sanitaria, que ordene todo el sector”, argumentaron desde el Centro de Consignatarios, donde estiman que en el país hay más de cincuenta establecimientos faenadores clandestinos. Desde el sector exportador comentaron a Página/12 que ir contra los establecimientos ilegales, o que tengan alguna situación de irregularidad, es ir en contra de intendentes que “prefieren hacer la vista gorda” antes que asumir las consecuencias del cierre de esa planta, con el consiguiente conflicto laboral.

Desde 2000 hasta 2006, el stock ganadero aumentó en cinco millones de cabezas. Pero el año pasado bajó en un millón de cabezas. Ayer ingresaron en el Mercado de Hacienda de Liniers 6229. Datos de la Oncca indicaron que la semana pasada se faenaron en el país 244.339 cabezas de ganado, cifras similares a los del año pasado. Carnicerías de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires anunciaron ayer que ya comercializan cortes populares en base a los valores acordados con el Gobierno.