Desde Madrid

La tensión entre medios y gobiernos es normal y saludable. Como declara Héctor Magnetto en su biografía oficial, El hombre de Clarín, la prensa “no asociada a intereses sectoriales, aquella que intenta representar a las grandes mayorías, resulta un elemento importante para el desarrollo de cualquier proyecto inclusivo”. La cuestión es determinar en qué medida existe tal “prensa no asociada a intereses sectoriales”.

Cuando Néstor Kirchner ganó la presidencia, el diario La Nación sostuvo en su tapa que el país había decidido “darse gobierno por un año”. El lector no sabía que Kirchner acababa de rechazar un pliego de condiciones que le presentó el firmante de ese editorial y subdirector del diario, Claudio Escribano: debía paralizar la revisión de los crímenes de la dictadura y reivindicar a las Fuerzas Armadas por “la lucha contra la subversión”; reunirse con las entidades de empresarios y adoptar medidas excepcionales de seguridad que dieran tranquilidad a la policía en su lucha contra el delito; denunciar las violaciones a los derechos humanos en Cuba, alinearse con los Estados Unidos en forma incondicional y visitar a su embajador. Si ese desayuno fue la salva de aviso, el editorial constituyó el primero de una incesante serie de disparos, encaminados a que la profecía se cumpliera.

Estos serían intereses sectoriales y no mayoritarios, que condicionan una línea editorial y explican una actitud militante. Pero los principales medios tienen también intereses propios, que no explicitan cuando entran en conflicto con “las grandes mayorías”, o al menos con la política de un gobierno elegido por la primera minoría, como prescribe el método democrático. Fuera de la Argentina es poco conocido que los dos grandes diarios del país son socios del Estado en una fábrica de papel: Clarín posee el 43 por ciento de las acciones, La Nación el 28,49 y el Estado Nacional el 28,51. Adquirieron esa participación en Papel Prensa en los meses que siguieron al golpe militar de marzo de 1976. El banquero David Graiver murió en un sospechoso accidente de aviación en agosto; en noviembre, con el beneplácito expreso de la junta militar, ambos diarios adquirieron sus acciones, que quemaban en las manos de los asustados familiares de Graiver. Pese a ello fueron secuestrados por el mismo poder militar con que las empresas periodísticas cerraron aquel trato. Su contador murió en la mesa de torturas, su mujer fue violada, sus demás bienes confiscados, bajo el cargo de haber hecho negocios con Montoneros. Menos sabido aun es que uno de los actuales representantes del Estado Nacional en el directorio es el jefe de gabinete de ministros, una anomalía que pone en evidencia la distorsionada relación entre el Estado y los principales medios.

En la última asamblea de accionistas de 2007, los representantes del Estado observaron el balance. Adujeron que Papel Prensa tenía quebrantos y no cumplía su plan de inversiones porque transfería las utilidades a sus diarios accionistas mediante un precio de venta subsidiado. A raíz del reclamo estatal, en enero de este año la tonelada para los accionistas aumentó un 30 por ciento, que de todos modos se reduce con la bonificación por cantidad y pronto pago a los accionistas. Bastó que el Estado reclamara por las pérdidas que esta política de precios lo obligaba a absorber, para que ambos diarios accionistas y los medios audiovisuales de uno de ellos sesgaran su cobertura periodística en forma ostensible. Esto se tornó extremo a partir del 11 de marzo, cuando los medianos y grandes propietarios agrícolas rechazaron un aumento impositivo de € 800 millones, dispuesto a raíz de las ganancias extraordinarias derivadas de la nueva situación del mercado de alimentos, tema que la próxima semana se tratará en la asamblea mundial de la FAO, a la que asistirán el secretario general de las Naciones Unidas y muchos jefes de Estado, porque profundiza la crisis alimenticia para los más pobres. El ariete del cuestionamiento a la decisión gubernativa fue el suplemento Clarín Rural. Lo que debería constar junto a cada nota de su director, el próspero ingeniero Héctor Huergo, es que tiene interés directo en la cuestión, dado que al mismo tiempo preside la Asociación Argentina de Biodiesel e Hidrógeno. Además, uno de los accionistas de Clarín es el principal exportador argentino de arroz. Clarín y La Nación también son socios en otra empresa, Expoagro, donde presentan sus bienes y servicios los grandes actores del agronegocio, como Monsanto, Cargill, Dreyfus, Syngenta o Bunge. Este año ocupó una superficie de 600 hectáreas, nada más que por venta de entradas se pagaron 800.000 €, allí se concretaron ventas de maquinarias y vehículos por € 110 millones y se acordaron créditos bancarios por € 63 millones. Nada de ello fue informado por ambos diarios-socios del sector en conflicto. Cuando publiqué esta información escribí en PáginaI12 que al Foro de Periodistas Éticos, FOPEA, no le preocupó esta cruda connivencia de intereses. Los colegas de FOPEA me respondieron con preocupación que sí se habían pronunciado: dijeron que tanto las empresas de medios como sus avisadores agropecuarios presionaban a los periodistas para que su cobertura fuera adversa a la posición oficial. Pero ningún medio publicó su comunicado. Como también el gobierno presiona a periodistas en el sentido contrario, se afecta el acceso de la sociedad a la información, “sin que medien intereses particulares que puedan condicionarla”, dijeron los periodistas éticos. El gobierno no se privó de zamarrear a Clarín por su cobertura tendenciosa y el resultado fueron dos caídas paralelas, en la popularidad de la presidente CFK y en la capitalización bursátil de las acciones del Grupo Clarín: en lo que va de este año perdieron el 38 por ciento de su valor. Para la democracia es tan vital la fiscalización del poder por los medios de comunicación como la certeza de que esos medios defienden el interés de las grandes mayorías y no el de sectores con los que están asociados o de los que forman parte.

* Extractado de la ponencia presentada en el seminario sobre medios y democracia, organizado por la FNPI en Madrid.