Mario Llambías, presidente de Confederaciones Rurales, y Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria, se presentarán hoy por la mañana a declarar en los tribunales de San Nicolás ante el juez Carlos Villafuerte Ruzo, imputados por el delito penal de “obstrucción de caminos federales”, junto a algunos políticos de la oposición. Los empresarios sostienen que la citación está fogoneada por el Gobierno en respuesta a la protesta que vienen llevando adelante. Lo fundamentan al afirmar que la cédula no les llegó a los presidentes de las cuatro entidades sino a los que representan a las organizaciones más díscolas. Para que no se sientan solos, una caravana de productores y militantes de la Coalición Cívica marchará también hacia el juzgado. Ayer, por su parte, la comisión de enlace emitió un comunicado manifestando que la “agudización del conflicto en las rutas” es consecuencia de los cortes que están llevando adelante los camioneros y les pidió a los chacareros, que bloquean selectivamente esos mismos caminos desde hace más de 80 días, “actuar con prudencia y mesura”.

Los productores que hoy marcharán en solidaridad con sus dirigentes se concentrarán a las ocho de la mañana en el cruce de la autopista a Buenos Aires con la Ruta 90, a la altura de Empalme Villa Constitución y partirán desde allí a las 9. De este modo, la citación judicial les servirá de excusa a las entidades para protagonizar otro hecho político. Sin embargo, no todos estarán presentes en San Nicolás para respaldar a los imputados. Luciano Miguens y Hugo Luis Biolcati, presidente y vice de la Sociedad Rural, permanecerán hoy en Buenos Aires, pues montarán una mesa en la puerta de la sede que la entidad tiene en la calle Florida para juntar firmas de adhesión a un texto donde se solicita que el Congreso haga valer sus atribuciones referidas a fijar los derechos de exportación.

Quienes sí acompañarán a la caravana empresaria son los partidos de la oposición. Militantes de la Coalición Cívica adelantaron ayer que se movilizarán para respaldar a las ex diputadas Margarita Stolbizer y María del Carmen Alarcón, quienes están imputadas por el mismo cargo que pesa sobre los ruralistas. A todos se los acusa de haber cortado la Ruta 9 el pasado 19 de marzo durante un acto realizado en la localidad bonaerense de San Pedro. El Código Penal dispone de tres meses a dos años de prisión a quien creare una situación de peligro, obstaculizare o impidiere la normal circulación de transportes por tierra.

Por otra parte, un grupo de diputados opositores presentó un proyecto de declaración que contempla un “desagravio” a Stolbizer y a Alarcón, por haber recibido esa citación judicial. La iniciativa fue firmada por los diputados del PRO Esteban Bullrich, Federico Pinedo y Paula Bertol; y los presidentes del bloque de diputados por la UCR, Oscar Aguad; y de la Coalición Cívica, Adrián Pérez. “Esto se está convirtiendo en una cacería de brujas, porque esta citación no se trata de la violación o no del artículo 194 del Código Penal. Se trata de la intolerancia del Gobierno para con la gente que pensamos distinto”, dice el comunicado.

Las detenciones que realizó la Gendarmería el viernes pasado, por unas horas, y la intervención del juez Ruzo resultaron determinantes para la continuidad del boicot comercial decidida el lunes pasado. De hecho, en el comunicado elaborado ese día por la comisión de enlace lo primero que se manifestó es “el repudio a la represión, discriminación y judicialización” de la protesta agropecuaria. Incluso Buzzi había vociferado más temprano ante una multitud reunida en la localidad santafesina de Armstrong que “si nos tocan a uno, nos tocan a todos”. Esas declaraciones y las manifestaciones de hoy lo que buscan es meterle presión al juez, pues si decidiera detener a alguno de los imputados, el conflicto se agudizaría notablemente.

Otro de los factores que complicaron más la situación son los cortes de ruta que empezaron a realizar los camioneros en respuesta a las acciones que vienen llevando adelante los productores (ver aparte). La comisión de enlace se refirió ayer especialmente a ese tema a través de un comunicado donde responsabilizó indirectamente al Gobierno por lo que pudiera llegar a ocurrir. “Ante esta situación, ratifica la necesidad de que el Gobierno reinstaure los canales de diálogo que esta comisión propicia por distintas vías, para buscar una solución sustentable a los problemas que mantienen en vilo a la sociedad argentina”, afirmaron las entidades. Mañana los dirigentes del agro volverán a reunirse para analizar la evolución del conflicto y evaluar cuáles serán los pasos a seguir durante la semana próxima.