El Gobierno abrió las compuertas para la exportación de trigo por otro millón de toneladas. La decisión se adoptó tras conocer los primeros resultados de las declaraciones de los productores de sus existencias de granos, obligación impuesta pocas semanas atrás. “Nos habíamos comprometido a liberar las exportaciones de trigo que estaban pendientes”, recordó ayer en conferencia de prensa Alberto Fernández, jefe de Gabinete, en la medida en que fueran declarados los remanentes de trigo en poder de los comercializadores, acopiadores o productores. “Ahora que el trigo lo tenemos registrado, tal como habíamos señalado, estamos autorizando su exportación”, completó el funcionario.

La mayor parte del trigo liberado irá a cumplir con los compromisos con Brasil, según anunció en la misma conferencia de prensa el titular de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario, Ricardo Echegaray. Se asignarán a ese destino unas 500 mil toneladas, explicó, mientras que la mitad restante se distribuirá entre el cumplimiento de acuerdos bilaterales con Bolivia y el abastecimiento a otros mercados tradicionalmente compradores del país.

El conflicto por el cierre de exportaciones de trigo, en su capítulo más reciente, tuvo como origen la sospecha por parte de las autoridades de que una porción nada menor de la producción permanecía oculta o había sido derivada a los distintos mercados (interno y externo) sin registrarse. Es decir, en negro. A mediados de mayo, las estimaciones privadas y las de la Secretaría de Agricultura fijaban la producción de la última cosecha de trigo en aproximadamente 16,2 millones de toneladas. Contando el producto ya exportado, el destinado al mercado interno y a la exportación, más las existencias declaradas en silos, se llegaba a un total de poco más de 12 millones de toneladas cuyo destino o ubicación estaba registrado. Pero faltaba ubicar otras 4 millones.

Mientras los exportadores y entidades de la producción reclamaban reabrir el registro de ventas al mercado externo, en función de los excedentes que resultaban de la estimación de cosecha (frente a las necesidades del mercado interno, de 5,5 a 6 millones de toneladas), el Gobierno decidió mantenerlo cerrado hasta poder “asegurar” que el grano aún estaba disponible. Para lograrlo, lanzó el denominado programa de transparencia de existencias de granos, a través de la Resolución 684 de la Oncca, que obligaba a declarar a productores, acopiadores y otros poseedores de grano y oleaginosa el volumen almacenado y la cosecha a la que pertenecen.

Cuando lanzó la advertencia de que le faltaban cuatro millones de toneladas de la última cosecha (mediados de mayo), la Oncca señaló que, en aquel momento, sólo le figuraban como “disponibles” –no imprescindibles para el mercado interno– unas 400 mil toneladas. Por “prudencia”, habilitó la exportación de 100 mil y dejó las otras 300 mil en reserva. Ayer, el Gobierno aseguró que por las declaraciones juradas presentadas, se alcanzó una cifra de grano remanente de 1,3 millón de toneladas, por lo cual decidió autorizar la exportación de un millón de toneladas más. Según lo consignado ayer por Alberto Fernández, se estima que en base a los datos por procesar, podría habilitarse en pocos días otro millón más. Sin embargo, todavía quedaría un margen superior para alcanzar la producción que, se estima, alcanzó la última cosecha, culminada hace ya varios meses.