Una docena de bloques opositores de la Cámara de Diputados reclamó la suspensión de la resolución 125, que estableció las retenciones móviles a las exportaciones de granos, y advirtió que la ratificación de esa normativa, impulsada por el Gobierno, “atenta contra la paz social y profundiza el conflicto”. Así lo expresaron en un comunicado de tres puntos emitido ayer que resume la, hasta ahora, única coincidencia de los legisladores de la oposición.

“El Congreso debe recuperar las facultades de establecer impuestos y todo tipo de tributos”, indicaron en otro de los puntos. Además, consignaron que “los niveles de imposición deben ser razonables y no confiscatorios, permitiendo el aumento de la producción y de la inversión, atendiendo las realidades regionales y de los pequeños y medianos productores”. El texto fue distribuido en la Cámara baja por las bancadas de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO, el Partido Socialista, el Frente Justicia Unión y Libertad (Luis Lusquiños), el Movimiento Popular Neuquino y el Partido Renovador de Salta, además de los bloques individuales del Partido Liberal de Corrientes, el Demócrata de Mendoza, Guardia Peronista (Paola Spatola), Partido Unidad Federalista (pattistas) y Partido Nuevo de Córdoba.

En diálogo con PáginaI12, la diputada socialista Silvia Augsburger aclaró que no están pidiendo la derogación de la resolución 125. “Estamos buscando mecanismos de pacificación porque vemos que hay falta de voluntad del oficialismo para discutirla. Entonces proponemos suspenderla y volver a las potestades del Congreso para discutir las retenciones”, dijo la legisladora. “La resolución 125 provocó este conflicto de 100 días, y en esta semana en el Congreso no vimos predisposición del bloque oficialista para abrir el debate sobre esa norma, por lo tanto, como una forma de pacificar los ánimos, planteamos que el Congreso inicie el diálogo”, agregó la santafesina. Este diario le mencionó el pedido de las entidades ruralistas para que la oposición adopte una postura unificada con vistas a ese debate. “El comunicado es una respuesta a ese pedido de las entidades, de hecho ellas quieren la suspensión de la resolución por 180 días” (ver páginas 6 y 7), apuntó Augsburger. “Cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto creyó que tenía los números en la Cámara para ratificarla, pero es claro que no tienen consenso, por eso hay que buscar uno nuevo y la vigencia de la resolución es un obstáculo.” La diputada, que preside el bloque socialista, admitió que aún no hay un proyecto de toda la oposición y destacó que “tampoco las entidades tienen consenso entre sí”.

Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Adrián Pérez fue tajante al afirmar que “la 125 está mal, por eso hay que darle al Congreso sus atribuciones y poner una alícuota razonable que no supere el límite del 35 por ciento, como reclaman claramente los productores”. Consultado sobre la ausencia de una iniciativa única consensuada por la oposición y las dificultades para lograrla, el presidente del bloque CC manifestó: “Antes de que la Presidenta enviara esto al Congreso nos pusimos de acuerdo con la UCR y el PRO para pedir la derogación de la 125, y no fue tan difícil, aunque fue rechazada. Ahora no queríamos anticiparnos y preferimos dar el debate en comisión. Y como punto de partida llegamos a estas tres coincidencias básicas sobre la base de la suspensión de la resolución.” Como quien espera la jugada del adversario antes de hacer la propia, la oposición aguarda las definiciones que ya empiezan a surgir de la bancada kirchnerista, aunque sin tener el “proyecto consensuado” que le pidió la Sociedad Rural. Sólo prometen hacer fuerza en contra.