Un día como hoy, hace 31 años, una patota de militares y miembros del Comando Nacionalista Universitario de Mar del Plata secuestró a un grupo de abogados laboralistas y los trasladó a La Cueva, un centro clandestino ubicado en la base aérea local. Entre las víctimas de la Noche de las Corbatas, aún impune, estaban Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz, padres de Martín, abogado de Hijos regional Córdoba y segundo miembro de esa agrupación (la primera fue Verónica Bogliano, de la regional La Plata) que actúa como querellante en causas por crímenes de lesa humanidad.

–¿Cuál es el balance del juicio hasta aquí?

–Sumamente positivo. Gran cantidad de testigos describieron con claridad la metodología usada en La Perla. Se demostró la implementación de un plan sistemático de exterminio de opositores políticos, método perverso importado de los escuadrones de la muerte de Argelia, con interrogatorios para extraer información y lograr detenciones en cadena. También se mostró el método de exterminio. Un ex gendarme declaró que se negó a participar de un fusilamiento y por eso lo echaron, pero vio a miembros del destacamento matar a secuestrados de La Perla. Contó que los hicieron cavar un pozo, los mataron, luego los quemaron y enterraron disimulando el lugar. También fue positivo el reconocimiento de La Perla. Los sobrevivientes mostraron los lugares exactos donde se alojaron las cuatro víctimas. La prueba es abundante y contundente.

–¿La única represalia contra el gendarme que se negó a fusilar fue que lo echaron de la fuerza?

–Le dijeron que era “un cagón” por incumplir la orden, le iniciaron un sumario y lo echaron.

–¿Los gendarmes participaban de fusilamientos?

–No hay pruebas o indicios de que fusilaran. A este gendarme lo llevaron en esa única ocasión, creo que con otro compañero que tampoco fusiló. No sabemos si efectivamente participaban.

–¿Cómo se sintieron los testigos al declarar frente a sus victimarios?

–Por momentos cómodos, por momentos nerviosos. Hubo un muy buen trabajo desde el Plan de Asistencia a la Víctima del Terrorismo de Estado, complementado por las secretarías de Derechos Humanos de Nación y de la provincia de Córdoba. Los psicólogos dieron contención previa y posterior a las declaraciones. También generó confianza en los testigos la Unidad de Protección, con custodias de la policía de Córdoba. Y el tribunal tuvo consideración y respeto, guardó todas las formalidades necesarias para proteger a los testigos de preguntas insidiosas y agraviantes.

–¿Cuál fue la respuesta de la sociedad?

–Es difícil de analizar. A la gente que siempre estuvo interesada, le resulta increíble que hayamos llegado a esta instancia. Muchos siguieron el juicio por los medios, que hicieron un excelente trabajo. Un sector de la sociedad que no conocía en profundidad lo sucedido tuvo oportunidad de conocer los métodos usados con los detenidos. Conocer la verdad a partir de los propios testimonios es muy valioso. Ayuda a las nuevas generaciones a entender los motivos y las causas de la derrota de una generación y a saber cómo el Estado se volvió terrorista. Sectores antes reticentes a recibir información de a poco la incorporan y emiten opiniones muy contundentes. También sirvió para que ex militantes reflexionaran sobre su visión del pasado, en particular sobre las acusaciones que alguna vez propiciaron contra sus compañeros sobrevivientes.

–¿Concurrió alguien en respaldo de los imputados?

–Sé que hubo cinco o seis familiares, pero el comportamiento fue cordial. No hubo tensión ni roces. El único inconveniente fue con un defensor (N. de R: Jorge Agüero), por su nivel de intimidación en los interrogatorios. Más aún cuando osó denunciar a la jueza y a la fiscal de primera instancia por estafa procesal. Las acusó de preparar testigos y direccionar la causa contra su defendido. Pero fue un caso aislado. Los defensores oficiales e incluso el doctor (Alejandro) Cuesta Garzón fueron muy respetuosos.