EL PAíS • SUBNOTA › OPINIóN
› Por Raúl Horacio Ojeda *
Una vez más, promediando el año, tal como ocurre desde 2004, se tomó la decisión de convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). Es clara su intencionalidad programática: luego de terminadas las rondas paritarias de negociación de salarios, corresponde convocar a este cuerpo para que el aumento redistributivo llegue también a quienes no están comprendidos en convenio colectivo alguno.
El Consejo es un ámbito de diálogo tripartito; el de mayor importancia en la actualidad argentina. Cuenta con la participación amplia de los sectores trabajador y empleador y con representantes del Estado Nacional y del Consejo Federal del Trabajo, integrado por los gobiernos provinciales. Es un organismo autónomo, con atribuciones normativas asignadas por el Congreso Nacional en materias específicas vinculadas con la redistribución del ingreso y la asistencia a los desempleados. Si bien en esos temas –en especial en la fijación del SMVM– gana el favor del impacto en las noticias, también posee atribuciones para vincular pautas de productividad y formación profesional.
Además, emite opinión no vinculante en todos los temas relacionados con el ámbito de las relaciones laborales que desee abordar, pero debe hacerlo por propia iniciativa, dado que el Consejo no fue creado como un órgano asesor ni de consulta obligatoria para ninguno de los poderes del Estado, pero el peso específico de sus determinaciones, derivado de su composición plural y de su amplia representatividad, sería difícil de desoír políticamente.
A ello se agrega que este Consejo cumple con todos los requisitos que la OIT y el mundo académico reclaman de un espacio de diálogo social. Tiene un adecuado marco institucional (que deriva de la propia ley de creación), posee apoyo y reconocimiento gubernamental, está compuesto por las entidades más representativas de Argentina, cumple con el requisito de autodeterminación (dictó su propio reglamento) y con el principio de libertad sindical (aquí también se incorporó a la CTA como actor).
Pues bien, en el año 2004 el Consejo –a instancias del entonces presidente Néstor Kirchner– cumplió la importante tarea de reactivar la paritaria nacional multisectorial para determinar el SMVM, algo que no ocurría desde 1992. Esa labor se repitió con las sucesivas convocatorias de los años 2005, 2006 y 2007, lo que no sólo permitió consolidar este espacio democrático, sino que además recuperó progresivamente la esencia del Salario Mínimo, que consiste en que todo trabajador asalariado, convencionado o no, supere con sus ingresos la línea de la pobreza. Tarea que el Consejo emprende teniendo en cuenta no sólo el crecimiento económico, sino también las asimetrías entre empresas grandes y pequeñas, entre las áreas de actividad y en las distintas condiciones en que el crecimiento se replicó en las zonas del país.
Una actitud madura y equilibrada, alejada del siempre tentador voluntarismo, es continuar en esa tendencia progresiva, escalonada, que sustente acciones concretas de redistribución del ingreso y a la par no fomente el trabajo no registrado o el quebranto de las pequeñas empresas.
Es así que nos situamos frente a esta convocatoria y acuerdo del año 2008, que viene precedida por la convicción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a favor del diálogo social, fortaleciendo las tareas de las cuatro comisiones. Por eso, el ministro Tomada jerarquizó este espacio en el que además participan los máximos funcionarios de otros organismos del Estado. Tal vez sea una invitación para que el Consejo asuma esa potencialidad, ejercitando democráticamente el debate y el consenso que bien puede ser, de cara al Bicentenario, una réplica en escala menor o un ensayo de un Consejo Económico y Social.
* Profesor universitario. Asesor del ministro de Trabajo de la Nación.
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