La fuga de Julián “El Laucha” Corres desencadenó el relevamiento del jefe del V Cuerpo de Ejército, la detención del jefe y subjefe de la delegación Bahía Blanca de la Policía Federal y el pedido de juicio político de Alcindo Alvarez Canale, a cargo de la investigación. El fiscal Hugo Cañón, quien instruye las causas por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, destacó “la actividad profesional de Interpol y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que trabajaron muy bien para dar con el paradero de Corres. Es reparador y demuestra que cuando el Estado actúa diligentemente tiene resultados: si se hubiera reaccionado del mismo modo con Jorge Julio López, otro hubiese sido el resultado también”. El entramado de la fuga también abrió paso para escudriñar los lazos civiles que apoyaron a Corres: así aparece Héctor Lapeyrade, uno de los propietarios de la petrolera Chañares Herrades, quien le dio trabajo y ahora solventa a su mujer.

–¿Cómo sigue la investigación a partir de la detención de Corres?

–En realidad son dos causas. La principal, referida a los crímenes de lesa humanidad, reanuda el trámite normal y ya está próxima la posibilidad de elevarla a juicio oral, aunque todavía están pendientes algunos recursos en la Cámara Federal. Involucra a ocho militares, el general Juan Manuel Bayón, quien fue uno de los ideólogos de la Doctrina de Seguridad Nacional junto con Ramón Genaro Díaz Bessone, tres coroneles y tenientes coroneles y tres penitenciarios de la provincia de Buenos Aires. Está avanzada una segunda etapa para seguir con otros represores, pero no queremos continuar acumulando casos, preferimos que se eleve a juicio esta parte. La otra causa, en pleno trámite, es la iniciada por la fuga de Corres. Hasta ahora están imputados cuatro policías: el jefe de guardia Juan Carlos Lastra, el cabo Pablo Carbajal –que están excarcelados–, el comisario Gustavo Scelzi y el subcomisario Marcelo Voros, que están detenidos en la Unidad 4 de la cárcel de Bahía Blanca. El viernes se terminó de indagar a Voros. A estos dos últimos se les ratificó la detención.

–En el Consejo de la Magistratura se presentó un pedido de juicio político a Alvarez Canale por la fuga de Corres, ¿seguirá al frente de la causa?

–Nosotros lo acusamos por su amistad con Scelzi, los fiscales no participamos en esa indagatoria por esa razón. La Cámara rechazó la acusación. El juez no aceptó la amistad íntima, pero sí el vínculo con el comisario, iba a sus cumpleaños. Para nosotros es motivo de inhabilitación. La denuncia en el Consejo de la Magistratura habrá que ver qué curso tiene (N. de R.: el jueves pasado la Comisión de Acusación sorteó la presentación y quedó en manos del presidente del cuerpo, Mariano Candiotti). En la causa de la fuga, no sólo se investiga a los policías sino también las conexidades con gente del Ejército y con civiles.

–¿El teniente coronel Jorge Cocco admitió en su declaración que recibió órdenes de sus superiores para asistir a Corres?

–A Cocco se le tomó declaración testimonial, no indagatoria. Esa fue una de nuestras objeciones al juez Alvarez Canale, quien interrumpió su licencia para hacerse cargo de la causa el día que debía ser indagado Scelzi y tomó la decisión de citar a testimonial a Cocco y al empresario Héctor Lapeyrade. Lapeyrade es el protector de Corres, lo solventó durante un año y medio de prófugo y sigue pagándole 5000 pesos por mes a su esposa para los gastos. Al citarlos a los dos, el juez alteró dos vías de investigación.

–¿Cocco intentó ampararse en el cumplimiento de órdenes?

–Sí. Una de esas órdenes fue, según declaró, proveer de elementos como cama, colchones, sábanas, toallas, todo se lo llevó en camionetas del V Cuerpo de Ejército. La otra orden fue darle cobertura y asistencia médica y argumentó que eso era en función de lo que dice la ley respecto de la asistencia a detenidos. En realidad, en ese caso no es función de Defensa sino de Justicia y Seguridad, que es de donde dependen la Policía y el Servicio Penitenciario. Justamente, la remoción del jefe del V Cuerpo (general Oscar Gómez) fue porque esta camaradería importa una acción que no corresponde.

–¿Quiénes son los otros civiles que colaboraron con Corres?

–No podemos dar los demás datos. Alguien mandado por Lapeyrade le llevaba lechones desde la bodega que tiene Lapeyrade en Viedma. Corres contaba con un celular, las puertas de la celda estaban abiertas, usaba el baño de oficiales y suboficiales.

–¿Por qué se demoró tanto en trasladarlo a Campo de Mayo?

–El Servicio Penitenciario Federal debía ejecutar la orden mucho antes y no lo hizo. Hubo dos notificaciones de traslado que no se cumplieron. Muchas veces pasaron por Bahía Blanca y no pasaron a recogerlo. Puede haber connivencias en varios sectores no sólo institucionales, alianzas ideológicas o hechos de corrupción. El Ministerio de Justicia tendrá que investigar también qué pasó.