Los abogados de Marsans se pusieron ayer en pie de guerra y comenzaron a analizar las consecuencias de la no ratificación parlamentaria del acta-acuerdo firmada el 17 de julio, que enmarca la venta de acciones de Aerolíneas y Austral en términos que satisfacen al grupo español. Saben de todos modos que, a través de los funcionarios firmantes, el Estado rubricó ese documento en su doble carácter de autoridad soberana y de socio minoritario de la compañía.

Entre otras garantías previstas, el acta-acuerdo menciona expresamente el “pago de los precios de compra correspondientes a los paquetes accionarios de Aerolíneas y Austral”... “mediante transferencia bancaria de fondos de libre e inmediata disponibilidad”. El grupo español siempre puso énfasis en que se trataba de una operación onerosa, es decir, que van a cobrar por la cesión de los títulos de propiedad, aunque estén en su poder gracias al mecanismo de subrogación de créditos, analizado por las justicias argentina y española. Expresado de ese modo se habilitaría un aporte adicional del Estado al de la eventual absorción de los pasivos. Algo de algún modo incongruente con el criterio esbozado ante los legisladores por el propio Ricardo Jaime de que, a su juicio, “no hay que pagar un solo peso” para rescatar el paquete accionario.

Otro punto controvertido del acta está contenido en la cláusula quinta y es el que prevé que, en los dos meses de la transición, las partes consideren y aprueben los estados contables y de gestión al 31 de diciembre de 2007 y al 17 de julio de 2008. Esto implica un aval a todo lo actuado. Una especie de borrón y cuenta nueva que podría dificultar la revisión de lo que hizo la gestión hispana en los últimos ejercicios y de lo que convalidaron los directores estatales de ese accionar.

En principio, según los abogados de Marsans, el acta no pierde vigencia aunque sin el respaldo del Congreso resulta legalmente más endeble. No sería éste, sin embargo, su mayor punto débil. Expertos del sector privado junto a legisladores del radicalismo observaron que el Estado apeló a una “vía de hecho” para establecer los términos de una operación comercial, a semejanza de lo que haría un particular que contrata con otro. Pero esta mecánica en derecho administrativo no existe. Ese vicio de procedimiento haría nula el acta y, por consiguiente, una ley que la convalide.

El defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, ya tiene noticias de este defecto formal y ya esbozó un compromiso ante los legisladores de la oposición de que podría hacer una presentación de nulidad ante la Justicia fundándola en esa eventual extralimitación de funciones en que habrían incurrido Jaime y De Vido.