Tras cinco días de escuchar a diferentes interlocutores políticos y sociales los miembros de la mesa coordinadora del “diálogo argentino”, obispos, representantes de Naciones Unidas y del Gobierno, coinciden en que “se ha convalidado el espacio” como una alternativa, como el “único camino” para encontrar coincidencias que permitan recomponer el tejido social fragmentado y construir una propuesta de consenso. Las reuniones han servido hasta el momento para profundizar el diagnóstico y para dejar en claro que entre las razones esenciales de la crisis hay que contabilizar el altísimo grado de fragmentación de la sociedad, pero también de cada una de las instituciones que la componen. Las coincidencias en el diagnóstico no se traducen en propuestas igualmente coincidentes, aún entre representantes de los mismos grupos. Pero si se puede decir que la convocatoria se ha revelado eficaz para retomar el sano ejercicio del diálogo, está claro que no ha pasado todavía su prueba de fuego. Para ello es necesario que la iniciativa se muestre eficaz, capaz de impulsar a los distintos niveles de gobierno para atender las urgencias de la crisis, por un lado, y de generar en todos los sectores convocados la disposición a reconocer errores, no como un mero ejercicio retórico, sino a través de la rectificación de conductas y el emprendimiento de acciones correctivas de lo que se ha hecho de manera equivocada. Cuando esto ocurra podrá decirse que efectivamente se están produciendo los resultados esperados. Quienes impulsan el diálogo insisten en que este “tiene como único destinatario a la gente”, pero al mismo tiempo señalan que corresponde a las autoridades políticas tomar las decisiones ejecutivas que den soluciones a los dificultades. El espectro de los problemas planteados hasta ahora es tan amplio y los intereses aparecen a primera vista tan contrapuestos que la tarea se revela harto difícil. La pregunta crucial es si, al menos en el corto plazo, se pueden compatibilizar en el mismo proyecto los intereses de los sectores financieros y de las grandes masas de desocupados, para dar sólo un ejemplo. Todo indica que no y que, por lo tanto, las decisiones que se tomen suponen una clara opción política que favorecerá a unos y dejará descontento a otros. En todos sus últimos documentos los obispos han reafirmado que la prioridad tiene que estar en los pobres. ¿Logrará imponerse esta mirada en medio de las presiones y el juego de intereses? Los hombres de la Iglesia han dicho que seguirán adelante con sus esfuerzos sólo si no se desvirtúan los propósitos de la iniciativa, es decir, si las palabras se traducen en hechos concretos en favor de la gente y en cambio de conducta de los dirigentes.