Hace más de un mes, el Ministerio de Defensa pidió a los jueces federales que los militares procesados por crímenes de lesa humanidad sean retirados de los cuarteles, donde cumplen prisión preventiva custodiados por subordinados obligados a respetar su jerarquía. De los 22 uniformados en esa situación, ninguno fue aún trasladado a una cárcel común y sólo un juez –subrogante– acusó recibo.

El pedido de Garré abarcaba dos aspectos: no alojar a los represores en cuarteles de las Fuerzas Armadas y no acatar pedidos de traslados y custodias de criminales de lesa humanidad que cumplen arresto domiciliario.

Más de la mitad de los 22 uniformados presos en cuarteles se alojan en el Cuerpo III de Córdoba por orden de la jueza federal Cristina Garzón de Lascano. Ante reiterados pedidos de querellantes y fiscales, tanto la jueza como la Cámara Federal de Córdoba respondieron que para revocarles el arresto VIP antes deben probar que existe riesgo de fuga o que ponen en peligro la investigación. Esos son los requisitos que la ley exige para revocar una prisión domiciliaria, prevista para mayores de 70 años o personas con enfermedades terminales. Lo que no explican los magistrados es por qué militares que no reúnen las condiciones para gozar del arresto en sus hogares deben permanecer en cuarteles. Si ese criterio se combinara con el principio de igualdad ante la ley, Christian von Wernich debería estar preso en una capilla, Víctor Brusa en un juzgado y Rafael Di Zeo en la Bombonera. Sólo un oficial preso en un cuartel presentó un hábeas corpus para no ser trasladado a una cárcel, recurso que la Justicia aceptó y que el ministerio apeló.

El otro aspecto de la resolución incluía a los mandados cuestionados por el ministerio, que detalló PáginaI12. Estos incluían trasladar a generales al Hospital Militar, acompañar al dictador Reynaldo Bignone a la pileta del Círculo Militar y custodiarlo durante sus cuatro horas semanales de natación, o al coronel Pascual Guerrieri durante sus caminatas en el Regimiento de Patricios.

El juez federal Ariel Lijo calificó el pedido de Defensa como “una medida correctiva interesante”. Informó que suspendió los traslados y custodias del Ejército y se los encomendó al Servicio Penitenciario Federal. También solicitó a los penitenciarios que determinen en qué instalaciones carcelarias puede caminar Guerrieri si no prefiere comprarse una cinta y quedarse en casa. Lijo explicó que cada solicitud para nadar o caminar se funda en una prescripción médica corroborada por forenses de la Corte Suprema de Justicia.

El juez federal Daniel Rafecas consideró que “es una cuestión del Ejecutivo saber qué fuerza pone a disposición”. Aclaró que la asistencia de las Fuerzas Armadas a la Justicia en casos de militares imputados “es algo que estuvo pautado desde que comenzaron las detenciones”, es decir durante la gestión de José Pampuro como ministro. “Defensa dio instrucciones y se ofreció como representante del Poder Ejecutivo para llevar adelante esa medida, y no teníamos por qué ofrecer reparos”, explicó Rafecas, quien advirtió que ya no tiene represores a su disposición porque elevó las causas del Primer Cuerpo al Tribunal Oral Federal 5.

Desde ese tribunal, que por estos días instruye su quinto juicio por delitos de lesa humanidad, aseguraron que nunca recurrieron al Ejército para custodiar traslados y que ningún imputado les pidió salidas para caminar o nadar. La fuente aclaró que en diciembre pasado, cuando el prefecto Héctor Febres murió envenenado con cianuro en su dúplex VIP de Prefectura, los jueces revocaron otro arresto privilegiado que permitían. El comisario Carlos Enrique Gallone, luego condenado por la Masacre de Fátima, estaba a sus anchas en instalaciones de la Policía Montada y fue trasladado a la cárcel de Villa Devoto.

El juez Sergio Torres, que instruye la megacausa ESMA y encomendaba a la Armada la detención de marinos en desgracia, también aceptó el pedido de Defensa. “Si es la mejor manera de hacerlo, no hay problema, pero necesitamos que alguien lo haga. Si el Servicio Penitenciario cumple, no hay problema”, respondió. Torres aclaró que a fines de 2005, cuando la Cámara Federal porteña le dio la instrucción de que los militares procesados con prisión preventiva debían ser trasladados y custodiados por el Servicio Penitenciario, esa fuerza le respondió que no contaba con personal suficiente para encargarse de la tarea.

Desde el juzgado federal de San Martín, a cargo de Alberto Suares Araujo, surgía el mayor caudal de trabajo para la dirección de Asuntos Humanitarios del Ejército, que todas las mañanas retiraba de sus hogares a los generales procesados por crímenes en Campo de Mayo y los trasladaba al Hospital o al Círculo Militar. Dos semanas atrás, los abogados querellantes solicitaron al juez que ordene los traslados al Servicio Penitenciario, verifique que se realicen con esposas y evite que los agentes de la Policía Federal los reciban con besos y abrazos.

Al margen del sondeo de PáginaI12, el único juez que respondió al pedido del Ejecutivo fue Guillermo Molinari, subrogante de Santiago del Estero. Molinari explicó que la cárcel provincial no está en condiciones pero que giró oficios a las unidades penitenciarias más cercanas pidiendo cama y comida para los militares detenidos. Los otros magistrados con represores en cuarteles son Carlos Vicente Soto Dávila de Corrientes, Jorge Raúl Parache de Tucumán, Héctor Raúl Acosta de Mendoza, Daniel Herrera Piedrabuena de La Rioja, y Horacio Aguilar, de Jujuy.