Como es ya casi una costumbre de los finales de año, la Corte Suprema apuesta a resolver varios asuntos pendientes de gran trascendencia institucional y económica, además de la validez de los estudios “no agresivos” de ADN en las causas sobre apropiación de menores. No quiere decir que lo logren, pero según conversaron los jueces en los últimos plenarios, harán el intento.

- Tenencia de droga. El tribunal ya tiene mayoría de cuatro votos (Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay) para impulsar la despenalización, como anticipó PáginaI12. Declararían la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes que castiga esa conducta. Volverían a la vieja doctrina suprema que inscribía la tenencia para uso propio entre “las acciones privadas de los hombres”.

- Ley Espía. Sus Señorías cuestionarían la validez de la ley que obliga a las empresas de telefonía y servicios de Internet a almacenar durante diez años todas las comunicaciones de sus clientes. La aplicación de la norma está en suspenso, pero el Gobierno la defendió en todas las instancias judiciales, incluso en una audiencia pública en la Corte. La discusión pasa por varios puntos, como la violación al derecho a la intimidad y la privacidad de la correspondencia, pero al parecer el meollo del dilema supremo es si el efecto de la sentencia se dirigirá al caso puntual que estudian o se extenderá en función del interés colectivo.

- Ajuste por inflación. Por el impacto económico que podría tener, la Corte viene dilatando una definición sobre la constitucionalidad de las normas que prohíben el ajuste por inflación. Existen numerosos reclamos de empresas que piden que se vuelva a ese tipo de ajuste, ya que de lo contrario, alegan, están pagando valores del impuesto a las Ganancias por “utilidades ficticias”, ya que sus costos fueron en aumento. El procurador Esteban Righi ya dictaminó que las compañías podrían reclamar el ajuste por inflación si demuestran que el pago de Ganancias fue confiscatorio. No se descarta que los supremos definan este intríngulis en los próximos meses.

- Embargos de la AFIP. ¿Puede la AFIP ejecutar embargos a morosos sin una orden judicial? La votación está peleada en la Corte pero estaría entre sus fallos prioritarios. En el tribunal hubo una audiencia pública a la que concurrieron no sólo el ente nacional de recaudación sino también la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) que lidera Santiago Montoya. Ellos dicen que la ley de 1999 que los autoriza a embargar cuentas o bienes de oficio es constitucional. El tribunal debe definir si el embargo no es una facultad exclusiva de la Justicia y si no afecta el derecho de propiedad.