Frente a un modelo de acumulación basado en la especulación financiera que se derrumba, y un conjunto de paradigmas que dominaron la escena económica durante 30 años y ahora exhiben toda su vulnerabilidad, la Presidenta de la Nación habló ayer de construir un nuevo modelo de crecimiento. Un modelo que deberá hacer sostenible el impulso que tuvo esta economía de 2003 para acá. Cristina Fernández asumió ayer los riesgos, tomando un atajo para dejar “en espera” las medidas que los lobbies empresarios le reclaman –aumento nominal o real del dólar, restricciones a la competencia importada, subsidios para mejorar las tasas de ganancias–, haciendo eje en cambio en la captación de capitales no declarados, beneficiar el blanqueo de personal en empresas chicas y acentuar la participación del Estado en la actividad productiva, creando incluso un Ministerio de la Producción.

La jefa de Estado asume el riesgo de lanzar medidas de respuesta incierta. Nada en la historia económica argentina garantiza que, ante una rebaja impositiva importante, como reducirles el impuesto a las ganancias a los activos no declarados (del 35 al 1 por ciento), los capitales en negro se exterioricen y pasen a formar parte del circuito formal de inversión. Las experiencias recientes tampoco corroboran que una reducción del 50 por ciento en los aportes patronales se traduzca en más empleo en blanco. El Gobierno lo sabe, pero decide correr el riesgo porque es una forma de dar señales a la economía sobre cuál es el rumbo a seguir: aliento a la inversión productiva, mantener el nivel de actividad y cuidar y alentar el empleo.

Los empresarios argentinos, ya se trate de la industria, el comercio, los servicios o las finanzas, hubieran preferido las medidas directas. Préstamos subsidiados, reducción de impuestos y de retenciones a la exportación, suba de aranceles a la importación, o cualquier otra medida que sonara a más ingresos en sus cajas sin tener que hacer nada a cambio: ni vender más ni tomar nuevos empleados ni tener que declarar lo oculto. La zanahoria que el Gobierno les pone por delante es también parte de un trabajoso proceso de cambio cultural: pasar de la prebenda estatal a un sistema de premios y castigos. Una jugada de alto riesgo, por lo incierto del resultado.

Pero fuera de los anuncios formulados ayer en la Conferencia Industrial, en círculos oficiales se admite que se trabaja en una serie de medidas de aliento sectorial, que van más en línea con el reclamo del “lobby” de las corporaciones. El rubro en el que más se ha avanzado es en el automotor, para el que se prepara una batería de medidas que beneficien la compra de vehículos en el mercado local y reduzcan costos a las terminales, a cambio de un compromiso de no despedir personal por un período de tres a seis meses.

Este tipo de políticas, junto al nombramiento de Débora Giorgi al frente del flamante Ministerio de la Producción (la ven demasiado cercana a la cúpula fabril), provoca expresiones de disgusto en el empresariado pyme. Algunos de sus voceros, que no se alinean precisamente en la vereda de enfrente al Gobierno, alertan que el proceso de “despidos preventivos” desatado por las empresas dominantes en el escenario local está utilizando como variable de ajuste no sólo a los trabajadores, sino a las mismas pymes. “Trescientas pymes que deben desprenderse de un trabajador cada una, a lo largo y ancho del país, no hacen ruido, pero si General Motors echa a 300 sí, hace que el Gobierno vaya a socorrerla”, se quejó ayer un vocero pyme.

Las terminales automotrices, que todavía utilizan más de un 70 por ciento de componentes importados que traen con aranceles reducidos –entre 2 y 5 por ciento–, pero “compiten” con autos importados que deben pagar 30 por ciento de impuestos si los trae un particular, no son considerados “pares” suyos del sector manufacturero. Por el contrario, las más de las veces tienen intereses encontrados. “El que crea empleo es el autopartista, pero la renta se la apropia la terminal”, resumen, por ahora sólo en voz baja y en forma reservada, los dirigentes pymes. Pero sólo por ahora, porque en el proceso de lograr visibilidad las pymes prometen empezar a levantar la voz.

No toda la industria es la misma. Ayer, la Presidenta asumió ese desafío también: “Habrá empresas que necesitarán un tipo de intervención y otras, otro tipo”, dijo. Cuando empiecen a diferenciarse las políticas, aparecerán también las resistencias. Y con ellas, la necesidad de otro proceso cultural pendiente: el de democratizar la economía y a sus actores principales. Otra jugada de alto riesgo.