“En la actualidad, en materia de legislación penal juvenil, nos regimos por una norma de la dictadura, el decreto ley 22.278, que es el reino de todas las aberraciones porque los menores, entre los 16 y los 18 años, aunque son considerados no punibles, quedan bajo la tutela de un juez que puede encerrarlos en un instituto similar a una cárcel sin que tengan el más mínimo derecho a la defensa en juicio”. Laura Musa, asesora tutelar de los tribunales de menores porteños, se declaró “totalmente en contra” de la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia, porque “en los hechos está legalizando un decreto ley de la dictadura militar y al mismo tiempo está bajando de hecho la edad de imputabilidad de los menores, porque dice que los chicos de 16 años pueden estar presos y no pone ningún límite hacia abajo”. Nora Schulman, del Comité de Seguimiento de los Derechos del Niño, compartió el rechazo al fallo de la Corte: “Yo creo que los jueces fueron en la línea de la presión pública. El fallo es contradictorio, porque deja a los chicos encerrados y al mismo tiempo les pide a las instituciones del Estado que tomen medidas para poner fin a la institucionalización”.

Schulman consideró que el actual régimen que se aplica a los menores “es mucho peor que el de los adultos, que tienen derecho a la defensa en juicio y que, por ejemplo, pueden pagar la pena con la probation, un beneficio al que no pueden acceder los menores”. Musa, por su parte, insistió en que “la legalización del régimen actual por parte de la Corte es todo lo contrario a lo que supone el sistema de derecho de una democracia. Es gravísimo lo que ha pasado porque significa un retroceso muy grande en el campo de los derechos humanos”.

En diálogo con Página/12, Laura Musa reiteró su apoyo a la sanción “de un régimen penal juvenil, para terminar con el decreto de la dictadura y hacer posible que cualquier menor acusado de un delito tenga el derecho a un juicio justo, con defensor, fiscal y un juez”. Insistió en que ahora “todo queda bajo la discrecionalidad de los jueces, que cuando se trata de un chico de clase media que comete un delito, por lo general, lo devuelve a sus padres y los hace responsables de su contención, pero si el chico es pobre lo deja internado hasta los 18 años. Recién entonces se decide si el chico es sometido a juicio para determinar si es verdad que fue autor de un delito o se lo deja en libertad, si se entiende que el régimen tutelar aplicado ha sido lo suficientemente bueno”.

Musa sostuvo que el recurso de hábeas corpus que se había presentado y que, en primera instancia, había recibido el aval de la Cámara de Casación Penal, recibió el apoyo “del maestro del garantismo, el jurista italiano Luigi Ferrajoli, y también del argentino Elías Carranza”, del Instituto de Prevención del Delito de la ONU. “Por eso el fallo de la Corte Suprema es un retroceso muy grave, porque de hecho baja la edad de imputabilidad a cero. Es muy grave cuando la Corte acompaña a sectores de la sociedad para los cuales el derecho a la libertad no es relevante”.

La asesora tutelar recalcó que “ahora son los menores los que pueden ir presos, pero mañana pueden ser los periodistas o cualquier otro sector social. Hay muchas otras maneras de proteger a la infancia, desde lo social, desde lo educativo. Si la única protección que desde el Estado se les puede dar a la infancia y a la adolescencia es encerrarlos en un instituto, creo que todos tendríamos que dedicarnos a otra cosa”.

Nora Schulman, por su parte, le dijo a este diario que “es lamentable que la Corte haya dejado sin efecto un fallo de Casación que era importante porque establecía que los chicos tenían que ir regresando en forma progresiva al seno de sus familias. Me parece que fue un fallo para quedar bien frente a los sectores que están a favor de la baja en la edad de imputabilidad. Además, en el caso del Instituto San Martín, se trata de chicos muy chicos. Esto es un retroceso porque se tiró abajo una medida que era un avance, un reconocimiento que servía para ir avanzando y para que el país aplique las normas internacionales vigentes en lo que se refiere a los derechos de los niños”.

“Esto deja toda la decisión en mano de los jueces, que pueden disponer de los chicos a su antojo. Es mucho más grave porque un reciente informe de Unicef decía en forma muy clara que son muy pocos los chicos que cometen delitos graves. En la Capital Federal, por ejemplo, había un solo caso grave. Es gravísimo que los chicos estén encerrados en institutos que son una aberración. Las convenciones internacionales que establecen los derechos de los niños y adolescentes tienen reglas clarísimas que deberían cumplirse. En el país no las cumplimos y, en este caso, es la propia Corte Suprema de Justicia la que dice que no hay que cumplirlas”.