Los reclamos de la dirigencia del campo para que el Gobierno disminuya los Derechos de Exportación de granos se basan en una visión distorsionada de cómo se debe conformar el nivel de utilidades del sector. El Poder Ejecutivo, como lo hacen otros gobiernos del mundo, busca recaudar impuestos en los sectores con mayor capacidad de generación de ganancias. El campo es claramente el sector productivo de mayores ventajas comparativas. Ventajas brindadas por la generosidad del clima y la tierra argentinos. Los productores no lo ven así, porque mantienen desde hace años un sistema productivo que divide la renta en dos partes: en promedio, 70 por ciento para el dueño de la tierra y 30 por ciento para el arrendatario. En el país casi el 70 por ciento de la tierra se trabaja bajo ese régimen. En Estados Unidos, el gran productor mundial de alimentos, menos del cinco por ciento de la tierra cultivada se arrienda. En Europa sólo se alquila el tres por ciento de los campos. En Brasil prácticamente no existe el arrendamiento.

Más allá de los intereses personales y políticos que puedan tener los miembros de la Mesa de Enlace, existe una gran cantidad de productores que presionan por llevar adelante medidas de fuerza para conseguir una rebaja impositiva. Los que lo hacen son los arrendatarios. La razón es que el 50 por ciento de su costo es el alquiler de la tierra. Por eso no hay precio ni nivel de retenciones que los satisfagan.

Hay un segundo factor que eleva los costos de los productores. No realizan las labores de siembra y cosecha con su propia maquinaria: la mayoría terceriza esos trabajos. Así entra en la distribución de la renta un tercer actor, el contratista, dueño de las maquinarias.

El sistema que se armó en el país está basado en ganar dinero con la mínima inversión:

- El dueño de la tierra recibe un alquiler fijo, sin tener que invertir en semillas, fertilizantes, herbicidas, mano de obra ni maquinarias.

- El arrendatario entra en un negocio de gran nivel sin tener que invertir millones de dólares para comprar la tierra.

- Y ambos evitan comprar tractores, sembradoras y cosechadoras.

En Brasil, donde no se cobran retenciones, pero se exporta con un tipo de cambio mucho menos conveniente que en Argentina, no hay reclamos de los productores. Ellos trabajan sus tierras y lo hacen con sus propias máquinas. Pero el Estado no es ajeno a esta realidad: el Ministerio de Agricultura del país más grande del Mercosur impone un precio máximo a la renta de tierras, que revisa anualmente. Ese precio es tan bajo que desestimula a los terratenientes a tentarse con la ventaja de vivir sin trabajar ni invertir ni arriesgarse a los peligros que imponen los factores climáticos o ciclos de precios. Lo mismo ocurre en el resto de los grandes países productores de alimentos. En Italia, por ejemplo, el precio del alquiler no puede superar un porcentaje del valor de la tierra. Hay un caso paradigmático en el mercado local. Gustavo Grobocopatel, uno de los mayores productores de soja del país, posee muy pocas hectáreas propias en Argentina, pero trabaja más de 200 mil hectáreas. En Brasil, en cambio, tuvo que invertir en la compra de más de 250 mil hectáreas porque no encuentra quién le arriende. Osvaldo Barsky explica en el libro La rebelión del campo que “el mayor problema no es que se trabaje en tierras arrendadas, sino el exorbitante precio al que llegaron los alquileres, empujados por la competencia entre los grandes pooles de siembra. Este fenómeno deja afuera a los pequeños productores que, al no tener el mismo nivel de productividad que los grandes, van quedando marginados del negocio. Así se concentra la producción agropecuaria”.

En definitiva, el problema no está en el cobro de retenciones, que sirven para reducir el precio de los alimentos en el país y para intentar direccionar qué cultivos son más convenientes sembrar en cada momento. La raíz de la disconformidad de los productores es que en la actualidad no pueden mantener el régimen de doble renta.