Desde Córdoba

El decálogo fue la excusa del acto. En la mesa de empresarios del campo dicen que los puntos se discutieron con ahinco para consensuarlos y mostrar una demanda compacta. Para eso, insisten en que unos y otros hicieron concesiones. Uno de los ejemplos que admiten es la ley de arrendamiento rural, cuya modificación es un reclamo histórico de la Federación Agraria que busca volver a pagar los porcentajes de alquiler de acuerdo a la producción. Pues, como las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) no aceptaron y va en contra de sus reclamos, el pedido quedó afuera. Las retenciones fueron otro eje en discusión. A pesar de que las retenciones sobre los granos estuvieron entre las banderas de los federados, el decálogo sugiere suspenderlas, en la práctica, lo mismo que eliminarlas: “es imprescindible eliminar los derechos de exportación y mientras esto no se logre, segmentarlas”. Sobre este punto, CRA dice que ellos lo impulsaron porque combaten la “institución retenciones” a la que consideran ilegítima, aún en tiempos de crisis. En FA sostienen en cambio que lo impulsan por la coyuntura de crisis, aunque Buzzi ahora cuestiona la legitimidad como los empresarios del agro (ver nota central). Para compensarlo, promueven el impuesto a las Ganancia que además es coparticipable.

El resto de los acuerdos más importantes avanzaron en relación al rol de la Oncaa y en la sanción de una ley de emergencia agropecuaria, que es uno de los ejes que el llamado bloque del agro impulsa en el Congreso para debatirlo la semana entrante.