La cuarta parte de la actividad económica en el Distrito Federal se paralizó, ante la decisión de las autoridades capitalinas de cerrar restaurantes, bares, cabarets, centros nocturnos, salones de baile y de fiesta, cines, teatros, gimnasios y clubes deportivos, admitió la secretaria de Desarrollo Económico (Sedeco), Laura Velázquez Alzúa, tras señalar que se trata de una medida drástica, pero necesaria, y que hubo una buena disposición por parte de los empresarios.

La declaratoria de emergencia sanitaria ha derivado en pérdidas diarias de 777 millones de pesos en el sector servicios, comercio y turismo desde el viernes anterior, aunque la cifra se elevará a más de siete mil millones durante los diez días fijados para detener el brote de fiebre A, por lo que se hace urgente ser considerados dentro del Fondo Nacional de Desastres y ser sujetos de devoluciones o exenciones de impuestos por parte de ambos niveles de gobierno, consideró el presidente de la Canaco, Arturo Mendicuti.

Al respecto, el representante empresarial señaló que los 1308 hoteles son los que registran la caída más drástica en los últimos 16 años, con una desocupación de 90 por ciento y una pérdida de 29.376 millones de pesos, ante la cancelación de reservas y viajes desde países como Francia, Bélgica, Estados Unidos e Inglaterra.

“Sólo en el rubro de grupos, 2500 visitantes optaron por no venir a nuestro país”, explicó.

Los servicios de entretenimiento, eventos deportivos y servicios de esparcimiento registran una baja de 80 por ciento, en detrimento de 3310 negocios, museos, jardines botánicos y sitios históricos, entre otros, que resienten una disminución en sus ingresos por 11.935 millones de pesos; mientras, las papelerías y librerías presentan una disminución de 48 por ciento; las tiendas departamentales de 40; la venta de autos nuevos, 25; las agencias de viajes, 25 y las tiendas de abarrotes, 15 por ciento, explicó.

Los restaurantes, bares, cantinas y similares, sin embargo, resultarán los más afectados con la decisión del gobierno de cerrarlos, cuando registran una reducción en sus ventas de 75 por ciento, equivalente a 41.387 millones de pesos, afirmó a su vez el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Francisco Mijares Noriega.

El 97 por ciento de los 35 mil establecimientos existentes no tiene la capacidad ni la experiencia para vender comida para llevar, como propuso el secretario de Gobierno, José Angel Avila, lo cual aumentará sus pérdidas diarias en 150 millones de pesos, y provocará que 70 por ciento de sus 450 mil empleados se queden sin trabajo e ingresos, pues viven de las propinas de los clientes, por lo que pidió al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, reconsiderar esta medida.

Los restauranteros, dijo, estamos confundidos porque los funcionarios federales aseguraron que no se tomarían medidas que afecten la economía del país y las autoridades locales publican un acuerdo unilateral y discriminatorio para cerrar los establecimientos, que en caso de incumplir con esta medida serán multados y clausurados, cuando el sector viene trabajando al 50 por ciento de su capacidad desde julio pasado, derivado de la crisis y la aplicación de la Ley de protección a la salud de los no fumadores.

Nunca nos hemos negado a cooperar con las autoridades, pero esta determinación provocará que muchos restauranteros cierren definitivamente sus establecimientos, por la situación tan crítica que presentan para cubrir los gastos del negocio, alimentos, renta, nómina, luz y demás servicios; ello sin considerar que sus perecederos adquiridos se echarán a perder y habrá que tirarlos, comentó.

Ante ello, el presidente de la Canaco pidió al gobierno del DF que estas medidas no sean prorrogables y sean sujetos de condonaciones, exenciones o devoluciones de impuestos por parte de la Secretaría de Finanzas, aun cuando la Sedeco les ofreció créditos con plazos y tasas de interés preferenciales, para evitar el cierre de los negocios y mantener la planta productiva, pues los 150 millones de pesos que anuncia el gobierno para atender a los familiares de las víctimas y al sector productivo son insuficientes.

En ese contexto, las confederaciones de Cámaras Industriales (Concamin) y de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) hicieron un llamado al gobierno del Distrito Federal para reconsiderar la disposición de ordenar el cierre de restaurantes en esta capital.

Los organismos empresariales consideraron que miles de establecimientos se verán afectados en sus ventas, situación que podría derivar en un peligro para las fuentes de empleo.

La Concamin señaló que la medida no ha sido recomendada ni motivo de alerta por parte de la Organización Mundial de la Salud y, en cambio, podría propiciar que los consumidores recurran a los comercios informales de venta de alimentos y aumentar con ello el riesgo de adquirir enfermedades, como la que se ha propagado en los días recientes.

La Concanaco se pronunció en el mismo sentido y apuntó que está consciente de la situación por la que el país atraviesa, ante la epidemia de la influenza y sobre la necesidad de apoyar las medidas preventivas para hacer frente a este padecimiento. Sin embargo, consideró que la medida es un tanto excesiva, ya que afecta de manera significativa una de las actividades productivas más importantes de esta capital y pone en mayor riesgo a la población.

* De La Jornada, de México. Especial para Página/12.