¿El Congreso ofrece las mismas oportunidades a los legisladores y a las legisladoras? ¿Sus actividades son apreciadas de forma equivalente? Con estos interrogantes como disparadores, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo promovió una amplia investigación del lugar que ocupan (o les dejan ocupar) senadoras y diputadas en el Parlamento, que incluyó 66 entrevistas en profundidad a legisladores y legisladoras de distintos partidos. El estudio “Ideas, presencia y jerarquías políticas.

Claroscuros de la igualdad de género en el Congreso Nacional de la Argentina”, se presentó la semana pasada en la Feria del Libro. La politóloga Mariana Caminotti es una de sus autoras.

Uno de los hallazgos más importantes de la investigación es que los cargos de autoridad en el Congreso reflejan procesos de desigualdad de género. Si bien las legisladoras han accedido a ejercer vicepresidencias de ambas Cámaras, se verifica un persistente monopolio masculino de las presidencias de los bloques más significativos (como los del justicialismo en sus distintas variantes y de la UCR) y de las propias Cámaras. Desde el retorno de la democracia, el Senado y la Cámara de Diputados nunca han sido presididos por legisladoras.

En cuanto al desempeño de cargos anteriores, los legisladores y las legisladoras que han integrado el Congreso entre 2003 y 2007 exhiben patrones diferenciados de carrera política:

- Mientras las trayectorias de mujeres son mayormente legislativas, buena parte de los legisladores ha combinado el ejercicio de funciones legislativas con otras de naturaleza ejecutiva que implican poder de decisión y manejo de recursos (como los de gobernador o de intendente).

- Puesto que los cargos ejecutivos electivos son nodos centrales de acumulación de poder político territorial, las mujeres se posicionan en una situación de desventaja en la competencia electoral. Aunque la Ley de Cupo Femenino exige la incorporación de un porcentaje mínimo de candidatas, aún hoy las listas partidarias suelen ser encabezadas por hombres: “En los procesos de selección de candidatos, grupos específicos de varones que controlan recursos protagonizan la toma de decisiones”, advierte el estudio.

Un segundo hallazgo relevante de la investigación señala que el crecimiento de las proporciones de legisladoras nacionales estimuló “un proceso de innovación temática” y favoreció “el debate de asuntos claramente enmarcados en la agenda internacional contemporánea de derechos humanos”. El estudio encontró que las iniciativas relativas a los derechos de los niños y niñas, de pueblos originarios, de las personas con capacidades diferentes, de la tercera edad, y la igualdad de género, suelen ser mayormente impulsadas por parte de legisladoras. “Con todo, estos asuntos considerados ‘de mujeres’ revisten un menor valor simbólico que otros calificados como ‘tradicionales’, de los cuales históricamente se han encargado hombres (como la economía en un sentido amplio)”, advierten las conclusiones.

Otros hallazgos: el examen de la composición por sexo de las comisiones de las Cámaras muestra que las legisladoras tienden a participar más que los legisladores en comisiones relacionadas con la nueva agenda de derechos humanos. En cambio, la participación de legisladores es mayoritaria en las comisiones vinculadas con el presupuesto, las finanzas y las relaciones exteriores, institucionalmente más jerarquizadas.