EL PAíS • SUBNOTA
› Por Horacio Verbitsky
Francisco De Narváez sostiene que la información exacta sobre sus gastos de campaña sólo la entregará a la justicia electoral. Sin llegar a los 50 millones de pesos que estimó la revista Noticias, no hay cálculos que cifren el monto en menos de 40 millones. El Código Electoral vigente por la ley 26.215/07 admite tanto financiamiento público cuanto privado. El tope de gastos es de 1,50 por cada elector habilitado a votar. Para el padrón bonaerense de 10.208.791 votantes, son 15,3 millones de pesos, según el dictamen que produjo el mes pasado la Cámara Nacional Electoral. El gasto privado legítimo surge de restar de este monto los aportes para la campaña del Estado Nacional. Así ese rubro fuera nulo, la campaña de De Narváez ya habría superado con holgura el máximo. Lo mismo ocurre con sus empresas, que por ley no pueden donar más del 1 por ciento del total permitido (153 mil pesos) y con sus aportes como persona física (2 por ciento del total: 306.000 pesos). Sólo con sus avisos subliminales durante la transmisión del partido de fútbol entre la Argentina y Venezuela gastó más: 560 mil pesos. La restricción no cambia por el adelantamiento de la campaña, que De Narváez inició mucho antes de su comienzo formal, el 29 de abril. La ley computa esos gastos previos dentro del máximo autorizado.
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