La política del gobierno porteño en materia salarial oscila entre el discurso que sostiene la imposibilidad de aumentarles el sueldo a los docentes y contrataciones como la de Alberto Wilensky por 20 mil pesos mensuales o los incentivos por productividad que se pretendía pagarles a los ministros. En un comunicado de septiembre del año pasado, los maestros movilizados se preguntaban y también se respondían: “¿Cuánto ganan los funcionarios del gobierno? Seguro que mucho más que un docente”.

El decreto 664/08 estableció que a partir del 1° de marzo del año pasado el ingreso de un ministro porteño sería de 10.958,20 pesos, desde el 1° de agosto subía a 11.655,54 y el escalonamiento del aumento finalizaba el 1° de octubre, llevándolo hasta 11.904,59. Pero la historia de esta decisión se completaba con una medida que causaría indignación entre los docentes porteños y los empleados del gobierno en general.

Macri dispuso también que se pagaran sobresueldos a sus ministros (tarea que delegó en Horacio Rodríguez Larreta, su jefe de Gabinete) mediante un sistema de incentivos: dos sueldos y medio extra para el mejor, como si el gobierno fuera una cadena de comidas rápidas. La medida se haría extensiva a los demás funcionarios jerárquicos como secretarios, subsecretarios y directores generales.

Las posteriores denuncias de la oposición, el contexto de crisis internacional y una causa que avanzó en la Justicia por malversación de fondos públicos, violación de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica que se tramita en el Juzgado de Instrucción N° 13, minaron la legitimidad de los incentivos. La querella contra Macri, Rodríguez Larreta y Grindetti la habían presentado dos abogados, Eduardo Barcesat y Raúl Markovic. Presionado en varios frentes, el gobierno tuvo que circunscribir los incentivos sólo a los directores generales. El decreto 664 que los había concebido establecía “el otorgamiento de una gratificación anual extraordinaria no remunerativa”.