En su primer plenario post-elecciones, el Consejo de la Magistratura parecía una sesión de terapia de grupo. Los consejeros kirchneristas pasaron un largo rato haciendo catarsis por las críticas que la oposición y la corporación judicial reavivaron en las últimas semanas contra el organismo que elige y remueve a los jueces. Hablaron de una campaña de “mentiras” e “infamias”. Reconocieron, aun así, falencias como las demoras excesivas en los concursos. Diana Conti presentó un proyecto para acortar los tiempos de la selección y hacer pública la toma de exámenes. Tiene apoyo de todo el sector político, radicales incluidos, aunque aún deben limar diferencias. Los K quieren eliminar el anonimato de las pruebas, pero para jueces y radicales eso favorece la discrecionalidad.

El senador Nicolás Fernández y los diputados Conti y Carlos Kunkel –todos kirchneristas– fueron los más abocados a desahogarse ante la mirada muda de los jueces, abogados y radicales. “Este consejo es muy superior al anterior (a la reforma de 2006)”, defendió Fernández. “Se han respetado las reglas y las decisiones son casi unívocas”, resaltó. “El oficialismo nunca paró un expediente, ni apretó a un juez”, fue otra de las cosas que dijo en respuesta a los reproches que suele hacer al organismo el titular de la Asociación de Magistrados, Ricardo Recondo. Fernández les pasó factura al resto de los consejeros: sería bueno, les dijo, “que los distintos estamentos salgan a decir algo frente a la infamias y las mentiras que se dicen” del Consejo. Pidió incluso que el presidente del Consejo y la administradora general den una conferencia de prensa para mostrar lo que hace el organismo en cuestiones edilicias, informáticas y administrativas que la Corte Suprema le critica.

–Bueno, ya está –lo codeó el consejero y juez Luis Cabral.

Conti se quejó por lo que considera una “campaña” de “desprestigio” motivada por sus “posturas respecto del Consejo”. “Toda mi vida trabajé, soy ética y honesta”, dijo en alusión a la difusión de una causa que le inició un ex empleado que la acusó de quedarse con parte de su sueldo. “Yo discuto otras cosas: que la composición no respeta el equilibro al haber mayoría de políticos. Y quiero que lo vuelva a presidir la Corte”, le dijo más tarde Cabral a Página/12. “Algunos comentarios me parecen excesivos, como que Conti diga que hay que eliminar el Consejo y volver al sistema anterior. Es una amenaza de concentración de poder”, señaló.

Por ahora en el kirchnerismo se muestran reticentes a reformar la ley que tres años atrás redujo el Consejo y les dio poder de bloqueo en la selección y acusación de jueces. Pero hablan de optimizar el funcionamiento del organismo. En esa línea, Conti reflotó un viejo proyecto para agilizar los concursos y modificar la toma de exámenes.

La ley dice que un concurso no puede durar más de 90 días prorrogables por 30 más, pero en los hechos el Consejo tarda en promedio dos años. La propuesta de Conti, que los consejeros aceptaron analizar, propone topes precisos para que se respete el plazo legal. Al jurado, que hoy se puede tomar el tiempo que quiera para corregir las pruebas, le da diez días. La comisión de selección tiene cinco días para evaluar los antecedentes. Tras las entrevistas personales a candidatos, la comisión debe reunirse y votar la terna.

En otro aspecto se propone dar la mayor publicidad posible del proceso de selección: no habría anonimato en el examen escrito; se agregaría un examen oral que sería público y filmado; se difundirán en la web los antecedentes de los aspirantes a juez y el jurado. El radical Ernesto Sanz dijo a este diario que está “de acuerdo con los lineamientos generales, pero no con algunas cuestiones metodológicas”. Con anterioridad, los radicales se opusieron, de hecho, a la eliminación del anonimato al igual que algunos jueces, porque cree que el procedimiento se puede tornar más discrecional. Esta cuestión se perfila como uno de los puntos de discordia.