EL PAíS • SUBNOTA › OPINIóN
› Por Irina Hauser
En la historia de la Corte Suprema debe haber pocos fallos tan anunciados como el que descriminalizará, igual que en 1986, la tenencia de droga para consumo personal. Hace por lo menos un año y medio que Sus Señorías vienen dando vueltas alrededor de un tema en cuyos ejes están de acuerdo, aunque discrepan en el modo de exponerlo y en la oportunidad. Algunas semanas atrás decidieron que ya era hora: si seguían dilatando un pronunciamiento, el Gobierno se les iba a anticipar con un intento de reforma penal. Y si hay algo que caracteriza a esta Corte es su celo por ser ella la que empuja los cambios.
Sin embargo, la pulseada puertas adentro no viene nada fácil y ayer los jueces estuvieron muy cerca de postergar una vez más la sentencia, a la que ya le habían puesto fecha de nacimiento para el 25 de agosto. La polémica es una compleja y densa mezcla de asuntos jurídicos y mediáticos. Alguno que otro juez del tribunal, con terror de que los titulares de los diarios y la televisión digan que la Corte alienta el consumo y la venta de drogas, pidió a sus colegas redactar un fallo lo más acotado posible: que aluda a la marihuana por ser la de mayor aceptación, que involucre una pequeña cantidad, que no implique a menores sino a adultos y que esté claro que se consume en un ámbito privado. Como son varios los expedientes en trámite, desde la presidencia suprema intentaron la búsqueda de alguno que no generara “confusiones” ni diera letra para alimentar un discurso alarmista que habla de la liberación de la droga y lo asocia con la inseguridad.
Así las cosas, en estos días los jueces cambiaron varias veces de causa y todavía no tienen del todo claro en cuál van a fallar. Desecharon, por prescripción, la que tenían en la gatera desde marzo de 2008, sobre dos jóvenes sorprendidos con cigarrillos de marihuana en los bolsillos. Analizaron otra sobre dos adultos imputados por fumar marihuana adentro de una casa, pero como la policía les encontró 80 gramos de esa droga les pareció que podía interpretarse que avalarían la no punibilidad de una gran cantidad. Tampoco avanzaron con otra que involucraba un gramo de cocaína, para que nadie piense que están a favor de las drogas duras. Al final, podrían llegar a congeniar en un caso que implica a un grupo de jóvenes que acababan de comprar marihuana en un quiosco. Esta causa, derivada de una investigación sobre comercialización de estupefacientes, les permitiría a los supremos hacer la distinción: la venta se debe perseguir y castigar, pero al consumidor no.
Un fallo bien delimitado le ahorraría a la Corte quedar pegada a lo que le reclama el Gobierno con criterio amplio. La eximiría de la mirada crítica de quienes muestran una gran destreza por moldear las noticias con tal de irritar a los sectores conservadores de la sociedad. Una sentencia así dejará un enorme abanico de zonas grises a la espera, tal vez, de que las defina una nueva ley del Congreso, u otro fallo alguna vez.
Es evidente que entre los supremos no hay uniformidad de criterios. Para Raúl Zaffaroni, por ejemplo, poco importa si se trata de marihuana, cocaína o LSD, si la cantidad no implica un peligro de distribución. La importancia de dejar de criminalizar al consumidor radica no sólo en proteger las acciones privadas, sino en eliminar lo que se ha convertido en un obstáculo para combatir el tráfico y que estigmatiza al adicto y no lo ayuda a recuperarse. Algunos de sus colegas acotan que nadie crea que la Corte va a dar rienda suelta al narcotráfico ni a convertir a la Argentina en Holanda. El riesgo de las aclaraciones –en un país en que la Corte ya “despenalizó” alguna vez sin que hubiera una catástrofe– es que alimentan ese falso debate escandaloso del que se nutren tantos formadores de opinión. Y deja la duda acerca de en qué están pensando los supremos cuando firman un fallo: ¿en la Constitución y las circunstancias o en los micrófonos y las cámaras? No parece que el tribunal vaya a poner en riesgo su prestigio si se anima a resolver con una mirada abarcadora una problemática tan difícil que desde el Estado no ha tenido buenas respuestas.
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