A pesar del rechazo generalizado del mundo contra el golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya, el gobierno de facto hondureño sólo rompió relaciones con dos países: Venezuela y Argentina. Al primero lo calificó como su principal amenaza y lo acusó de querer interferir, incluso invadir el país centroamericano. Con el segundo, explicó ayer la Cancillería de facto, fue una simple represalia por la expulsión de la embajadora hondureña en Buenos Aires. Nada personal. Pero el gobierno argentino no fue el único que le quitó la credencial a un embajador hondureño adicto al golpe. Chile y Estados Unidos lo hicieron, pero no sufrieron ninguna represalia. En las próximas horas podría sumarse un cuarto país, Costa Rica, la sede de la mediación entre la dictadura y el gobierno de Zelaya.

Durante las primeras semanas posteriores al golpe del 28 de junio, casi todos los países del continente americano y la Unión Europa retiraron a sus embajadores en Tegucigalpa, la capital hondureña. La OEA y todos sus integrantes se negaron a reconocer al nuevo gobierno de facto en Honduras, pero, para mantener vías de diálogo multilateral, dejaron abiertas sus embajadas en tierra hondureña y respetaron a las delegaciones diplomáticas hondureñas en el exterior.

Con el pasar de las semanas, la intransigencia de los golpistas forzó a Zelaya y a los países de la región a aumentar la presión sobre el régimen de facto. La diplomacia de Zelaya comenzó a estrangular el aparato golpista en el exterior. Según informaron los gobiernos de Argentina y Chile, la expulsión de los embajadores hondureños adictos al golpe fue un pedido directo del presidente derrocado.

Así sucedió en Washington a mediados de julio pasado, cuando Zelaya visitó a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, y a su hombre para América latina, Thommas Shannon. Sin hacer grandes anuncios e intentando evitar la atención de los medios internacionales, el gobierno norteamericano les retiró las visas diplomáticas al embajador hondureño Roberto Flores Bermúdez y a todo su staff, y aceptó las credenciales del nuevo representante nombrado por Zelaya, el embajador Enrique Reina, un hombre de su total confianza. Flores Bermúdez dejó el país, pero a los pocos días volvió para sumarse al nutrido equipo de lobbistas que trabaja sin descanso en la capital norteamericana.

Según confió a este diario una fuente diplomática zelayista, en la última semana el presidente derrocado pidió la desacreditación de los embajadores hondureños ante Costa Rica, Colombia, El Salvador, Nicaragua, Perú, República Dominicana, la Unión Europea en Bruselas, Italia, España, Egipto, Israel, Corea, Naciones Unidas en Ginebra y el Vaticano. “Son los diplomáticos que apoyaron abiertamente el golpe o tienen vínculos comprobados con los golpistas”, explicó la fuente.

Por el momento el único que respondió fue el gobierno de Oscar Arias, el Premio Nobel que ofició como mediador y propuso un acuerdo, que Estados Unidos y la OEA aún intentan revivir. Ayer el canciller costarricense Bruno Stagno anunció que su gobierno comenzó el papeleo para retirar las credenciales diplomáticas a la encargada de negocios Koritza Suazo.

Los embajadores hondureños que quedaron fuera de la lista negra de Zelaya son aliados incondicionales del presidente legítimo, respetados diplomáticos de carrera o mantienen una posición ambigua frente al golpe. En Venezuela, por ejemplo, Germán Espinal es un zelayista de la primera hora. Fue director de Migración durante los primeros años del gobierno de Zelaya y desde Caracas le garantizó el apoyo político y financiero de Hugo Chávez al mandatario derrocado. En Brasil, otro país clave de la región, la embajada está a cargo de Víctor Manuel Lozano desde hace siete años y él fue el hombre que impulsó el acercamiento a Lula durante los tres años y medio de gobierno zelayista. El resto hace gala de sus dotes diplomáticas y esquivan las definiciones políticas.