“Que la política no ejerza el gobierno, sino que asuma el poder.” Con esta frase, el diputado de Solidaridad e Igualdad (SI) Carlos Raimundi sintetizó el mensaje que trataron de transmitir los legisladores que defendieron el proyecto de Ley de Servicios Audiovisuales en el plenario de comisiones. Raimundi tomó la palabra justo después del titular del bloque PRO en la Cámara baja, Federico Pinedo, que cumplió el mismo rol pero desde la oposición. Pinedo calificó al proyecto como “confiscatorio” y sostuvo que “está claro cuál es el objetivo: establecer un mecanismo para quedarse con los medios”.

El plenario había comenzado pasadas las 14.30 y durante tres horas se leyeron las modificaciones impulsadas por el oficialismo al proyecto original y que habían sido consensuadas con los bloques de centroizquierda (Encuentro Popular y Social, SI, el Partido de la Concertación y el socialismo). Tras una hora y media de cuarto intermedio para analizar los cambios, se retomó el debate. El diputado de Unión-PRO Francisco de Narváez aprovechó el intervalo para despotricar ante los medios porque el tiempo asignado para estudiar el nuevo texto le parecía insuficiente: “Es casi una tomadura de pelo, quieren aprobar esto a las patadas”, dijo.

Desde la mayoría de los bloques de centroizquierda elogiaron el nuevo proyecto. Los cinco representantes del bloque Encuentro Popular y Social, Ariel Basteiro, Victoria Donda, Cecilia Merchán, Vilma Ibarra y Jorge Rivas, se manifestaron a través de un comunicado en el que se mostraron “satisfechos” con los cambios incorporados respecto de la conformación de la autoridad de aplicación y la exclusión de las empresas telefónicas en el negocio de los medios. “Esto demuestra que el espacio de centroizquierda, cuando consolida propuestas unificadas, incide en el debate público y puede mejorar las iniciativas en sus aspectos centrales”, concluyeron. En el mismo sentido se expresó el diputado electo por el Nuevo Encuentro, Martín Sabbatella, que reconoció: “En estos días se mostraron claros gestos de apertura y de búsqueda de consenso por parte del Gobierno”.

Poco después de las 19 se retomaron las sesiones. Cada sector de la oposición planteó, una por una, las consabidas objeciones al proyecto, buscando estirar el plenario. A esa hora ya habían sido notificados de que el bloque oficialista había convocado a una sesión especial para hoy. “No nos conforman los cambios”, confirmó la peronista disidente Graciela Camaño, que presentó su propio dictamen en minoría. Lo mismo anunciaron, cada uno con sus propias razones, los bloques de la Coalición Cívica (CC), la UCR e incluso Miguel Bonasso, de Diálogo por Buenos Aires. El diputado Juan Carlos Morán (CC) justificó el planteo disidente en que “hay cosas que no quedan claras” y que “las reformas en muchos casos son agravantes y en otros casos claramente son insuficientes”. “El sentido de esta reforma es una trampa”, concluyó el aliado de Margarita Stolbizer.

La radical Silvana Giudici, protagonista de la sesión de ayer, dijo que el texto que presentará su bancada será “un dictamen que reúna los consensos por los cuales el radicalismo trabaja desde 1983, porque a esta ley hay que cambiarla, pero por un texto por el cual todos sepan a qué atenerse”. Giudici acusó al oficialismo de incorporar cambios a la norma “entre amigos”, refiriéndose a las bancadas de centroizquierda, mientras que con “los bloques de oposición no hubo ningún diálogo, ninguna consulta”.

Bonasso, por su parte, justificó su postura en que si bien “sin duda el proyecto supone un avance con respecto a la ley de la dictadura, es lamentable que si la dirigencia política se tomó veintiséis años para cambiar esta ley, ahora haya que aprobarla al vapor”. Más allá fue Patricia Bullrich (CC), que planteó “una discusión integral de esta ley” que “tiene una filosofía contraria a la libertad de expresión”. Bullrich hizo uso de la palabra por más tiempo que el resto de los legisladores, y cuando fue exhortada a concluir su discurso dejó en evidencia su estrategia dilatoria: “Saquen la sesión de mañana a las 10 y yo paro de hablar”, dijo la ex ministra de Trabajo de la Alianza.

Tras ella, fue el turno de Julio Piumato (Frente para la Victoria), que apuntó a los diputados a los que “no les importa el contenido de tal o cual artículo, sino que les importa mantener la ley de la dictadura”. El sindicalista sostuvo que “es muy difícil conciliar los intereses de todos, pero se ha avanzado muchísimo” en incluir la opinión de la mayoría. “Algunos dicen querer una ley ideal. Primero hagamos una ley de la democracia”, concluyó Piumato, ganándose una de las ovaciones de la noche.

Federico Pinedo (PRO) resumió en su discurso la postura de la oposición más férrea, al denunciar que “el oficialismo quiere decidir quiénes serán los dueños de los medios por los próximos veinte años”. Raimundi le respondió planteando que no es el poder del Estado el único que debe limitarse y que este proyecto “no amordaza a los medios”, sino que les pone un coto. Para esta altura de la noche, los dictámenes ya circulaban por el anexo, recolectando firmas, lo que motivó que gran parte de la oposición se retirase, por considerar que no había quórum suficiente para aprobar el paso de un proyecto al recinto. También anunciaron que no se presentarían a la sesión especial en la que hoy el oficialismo intentará darle media sanción al texto de la ley.