El fiscal Alberto Nisman pidió ayer la inmediata detención de los procesados el jueves por encubrimiento del atentado contra la AMIA. Se trata del ex presidente Carlos Menem –a quien debe pedírsele el desafuero–, su hermano Munir, el ex juez Juan José Galeano, el comisario retirado Jorge “El Fino” Palacios y el ex titular de la SIDE, Hugo Anzorreguy, entre otros. El juez Ariel Lijo había resuelto los procesamientos pero dispuso que los imputados siguieran en libertad.

El fiscal especial del caso AMIA, señaló ayer en un escrito que “pese a coincidir y ponderar la descripción de los hechos y el grado de participación que le adjudicó el juez a los acusados, considero que deben tenerse en cuenta los gravísimos hechos acreditados y ocurridos a tan sólo 12 días de perpetrado el atentado terrorista más grave que sufrió nuestro país. Por ello, la detención de todos los acusados se impone como ineludible”. “Vale recordar –continuó el fiscal– que aquí se investigan las consecuencias de un plan deliberado que partió de sujetos que abusaron inescrupulosamente del máximo poder político del Estado para ponerlo al servicio de, al menos, uno de los principales sospechosos de un atentado terrorista. Teniendo eso en cuenta, resulta ilógico asumir que ese poder político e institucional no será utilizado, ahora en beneficio propio, para entorpecer el avance de la pesquisa.”

El pedido de Nisman fue a la sala ad hoc de la Cámara Federal, integrada por los jueces Jorge Rimondi, Gustavo Bruzzone y Carlos González, poco afectos a encarcelar a imputados durante el proceso judicial.

Lijo imputó a los acusados los delitos de encubrimiento, falsedad ideológica, destrucción de medios de prueba y otros delitos. Fue a raíz de que en los primeros días posteriores al atentado, hubo elementos de fuerte sospecha contra el ciudadano de origen sirio-libanés Alberto Jacinto Kanoore Edul. Galeano ordenó allanamientos a los domicilios de Edul, su detención y la intervención de un celular y varios teléfonos de línea. Sin embargo, el 1º de agosto de 1994, el padre de Alberto Jacinto, también llamado Alberto, concurrió a la Casa Rosada para pedirles a Munir Menem y a través de él, al presidente Carlos Menem, que frenaran la pesquisa. Según Lijo y Nisman hubo un vuelco total en la investigación. Los teléfonos dejaron de intervenirse, se perdieron las cintas y las transcripciones de los tres domicilios que se iban a allanar, uno no se concretó y los otros dos se hicieron con nueve y once horas de atraso, cuando ya todos en la cuadra sabían que los policías estaban allí desde las ocho de la mañana.

Para Nisman, “existen tanto el riesgo de elusión como el de entorpecimiento de la investigación. La seriedad de los delitos y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de fuga”.