La ley que se seguía discutiendo en particular al cierre de esta nota (bien entrado el sábado) tiene un linaje noble y demasiados años de añejamiento. Fue una constante lucha de colectivos sociales aguerridos, tuvo su concreción en los consabidos veintiún puntos, dos gobiernos (el de Raúl Alfonsín y el de Fernando de la Rúa) procuraron sin éxito llevarla al recinto del Congreso. El oficialismo distorsiona la realidad cuando se arroga la condición de fundacional, lo que desmerece en algo su gran virtud: es el primero que la concretó en debate y, todo lo indica, en ley aprobada.

El trámite parlamentario suscitó adhesiones políticas importantes, del centroizquierda incluido el socialismo. Sus presencias distaron de ser rituales: obtuvieron reformas sustantivas. Una de ellas, la exclusión de las telefónicas consultaba los intereses de los multimedios cuestionados. De hecho, era su principal objeción hasta que se suprimió.

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Una temática compleja, llena de tecnicismos, fue debatida con intensidad en el ágora. Los apoyos tuvieron carnadura social, las objeciones quedaron casi exclusivamente reservadas en los propietarios de los medios y algunos comunicadores. Las dos centrales de trabajadores (oficialista y alternativa), una mayoría aplastante de académicos y universidades, los esforzados ciudadanos que dan vida a las radios comunitarias, directores de cine, trabajadores de la cultura, minorías usualmente discriminadas y movimientos sociales se sumaron al proyecto.

Las movilizaciones de esta semana corroboraron la tendencia. Dos iconos de la derecha, Sergio Bergman y Alfredo De Angeli, convocaron una concurrencia mínima. Coberturas apologéticas e imágenes trucadas trataron de disimular la falta de convocatoria. El rabino habló de siete mil personas; hay que reconocer que es un hombre de fe pero las matemáticas no son su fuerte. Ayer, en la Plaza Congreso, al atardecer, la asistencia multiplicó varias veces a los seguidores del compañero de ruta de Juan Carlos Blumberg.

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La mayoría en Diputados y la lograda en la votación en general en Senadores expresan un consenso amplio.

En términos políticos, el kirchnerismo demostró una iniciativa de la que carecen sus principales antagonistas y supo sumar. Todo lo contrario que la oposición más numerosa. Los dirigentes más votados de ese espectro tenían un panorama halagüeño a partir de las elecciones. Unos cuantos no gobiernan distritos, lo que los alivia de los traumas de la gestión: Francisco de Narváez, Carlos Reutemann, Felipe Solá, Julio Cobos. Contaban con legitimidad y una anuencia entusiasta de los grandes medios. Por carencias propias, perdieron volumen. Se dispersaron, afrontaron divisiones internas y deserciones, libran su interna sin encanto y sin lograr prevalecer. Sus continuos rezongos sobre el oficialismo y su adhesión a las corporaciones rural y mediática han sido sus únicos aportes poselectorales, tienen sabor a poco.

El cuadro cambiará con la nueva integración del Congreso, pero es un alerta para un sector que tiene amplias chances para ganar las presidenciales en 2011, si sabe combinar maña y fuerza. Hasta acá, les viene faltando.

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La UCR, el peronismo disidente, el PRO y la Coalición Cívica incurrieron en un pecado original al ausentarse en Diputados. Obnubilados por su táctica previa y por el slogan “Ley de medios K” no se percataron de la ampliación del arco político que dio forma y aprobación a la ley. Ningunearon a otras fuerzas democráticas, insospechadas de seguidismo o de tentaciones autoritarias. Y dilapidaron la ocasión de meter cuchara ampliando las modificaciones, haciendo yunta con del centroizquierda. En el Senado reconocieron tácitamente el error, aunque sin hacerse cargo de sus responsabilidades. Su participación se hizo más sistémica, sí que incoherente. Reclamaron, como dogma, que la Cámara revisora debe corregir “aunque sea una coma”. El punto es débil, máxime cuando se desertó en la Cámara baja. Tampoco es estricto, legalmente. Y no ha sido lo habitual en 25 años de funcionamiento del sistema.

El eje de sus razonamientos es la traslación de las argumentaciones “ad hominem” a la política. A su ver, el oficialismo tiene (sólo tiene) designios perversos, es una suerte de rey Midas al revés. Sin embargo, sus pretensas motivaciones no deben ser la única vara para medir una ley. Aunque fastidie vale recordar que, cuando se implantó el voto femenino, hubo objeciones porque perseguía perpetuar a Perón y valerse de la popularidad de Evita. Seguramente los dos “cargos” eran ciertos, pero la conquista los trascendió y se incorporó al acervo ciudadano.

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La narrativa de los defensores del statu quo ha sido llamativamente pobre. Equiparar la libertad de información con el uso del control remoto es una perla, un pelotazo en contra. Se constriñe el derecho a la comunicación (un atributo de la ciudadanía) al rol pasivo del espectador, minga de poder hacerse oír, emitir.

El núcleo antimonopólico y la apertura a nuevos emisores son los aspectos más promisorios de la ley. Digamos algo que merece un desarrollo mayor: ningún régimen puede (ni debe) impedir la mala información o la manipulación. Cada emisor edita los hechos, los sesga a su criterio, los privilegia según su visión del mundo o su interés. El único reaseguro del espectador es cotejar, confrontar, comparar. La única vacuna contra la dominación (siempre, ay, insuficiente) es que haya muchas voces en competencia.

Empoderar entidades sin fines de lucro abriéndoles un tercio del espectro es una apuesta a la sociedad civil, como destacó bien ayer Daniel Filmus. El cronista cree que se equivocan quienes intuyen en el “tercer sector” emisores cortesanos o complacientes. La sociedad civil argentina, en la que todos piquetean, cortan calles, cuestionan, permite avizorar otro porvenir. Las radios barriales o comunitarias, las universidades, los movimientos sociales jamás fueron mansos ni eternos adláteres de nadie. En cualquier caso, es chocante defender el pluralismo consolidando la concentración.

La polémica, además, fertiliza otras flores: la ley de acceso a la información pública, la desincriminación de las injurias y calumnias por hechos de interés público, la pauta publicitaria oficial, una institucionalización de los medios públicos. Son también viejas batallas que recobran sentido y viabilidad en este clima de apertura.

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Algunos legisladores críticos les perdonaron la vida a los muchísimos colectivos e individuos que, sin ser oficialistas, adscribieron a la ley. Quizás el más elegante fue Samuel Cabanchik, pero no pudo eludir un sentido común despectivo: con palabras más amigables, se los trató de idiotas útiles. El cronista piensa que son ellos los que se equivocan, en su afán de convertir al oficialismo en mancha venenosa. No son simétricos con el establishment. Una señal fuerte emergió: muchos opositores eligieron el albur de equivocarse con la coalición que luchó por esta ley en el pasado y la que la construyó antes que defender un statu quo penoso. Es curioso: nadie lo reivindica pero unos cuantos quieren dejarlo indemne.

Una acotación subjetiva, para terminar. Frustra cubrir un hecho sin poder dar cuenta de su desenlace completo. Habrá revancha mañana, lo que no consuela del todo. Por ahora, baste decir que la aprobación en general es un avance enorme, que trasciende a este Gobierno en su génesis y en sus consecuencias. El oficialismo consiguió una victoria, pero serán millones de argentinos los que podrán mejorar su condición ciudadana cuando el esquema empiece a cambiar. Cómo lo harán, cuánto conseguirán es algo que depende en gran medida de ellos. En buena hora.

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