El juez federal Norberto Oyarbide citó a indagatoria a sus dos colegas de Posadas que mandaron a pinchar los teléfonos de Sergio Burstein –de Familiares de las Víctimas del atentado a la AMIA– y del empresario televisivo Carlos Avila, para que luego el policía-abogado-espía Ciro James retirara las grabaciones de una oficina de la SIDE. Los jueces misioneros Horacio Gallardo y José Luis Rey tendrán que presentarse el 10 de noviembre en los tribunales de Retiro. El fiscal general Alberto Nisman los acusó no sólo por las escuchas ilegales que dispusieron de “manera arbitraria e inescrupulosa valiéndose de medidas coercitivas que la ley pone a su disposición”, sino por ocultar pruebas requeridas por la Justicia porteña en la investigación del espionaje.

Oyarbide citó también como sospechosos a otros dos jefes policiales de Misiones que firmaron los pedidos de intervención telefónica basados en datos truchos que vinculaban a Burstein y Avila con prófugos en la investigación del homicidio de un contador. Los comisarios David Amaral y Antonio César Fernández, que deberán prestar declaración indagatoria, se suman así a otros tres uniformados involucrados en el espionaje, quienes ya fueron procesados por violación de secreto y falsificación de documento. Actualmente James –un agente de inteligencia de la Policía Federal vinculado al ex jefe de la Policía Metropolitana Jorge Fino Palacios– es el único preso por el espionaje.

La indagatoria de los jueces Gallardo y Rey –a quienes se vincula con el ex gobernador Ramón Puerta– fue requerida ayer a la mañana por Nisman, quien argumentó que “intervinieron de manera ilegítima y abusiva las comunicaciones telefónicas de personas públicas que en modo alguno se encontraban siquiera sospechadas de cometer ilícito alguno”. El fiscal sostuvo también que ambos jueces sabían a quiénes pertenecían las líneas que ordenaron pinchar. Y llamó la atención sobre el comportamiento que tuvieron una vez que la maniobra de espionaje salió a la luz: en cuanto Oyarbide se comunicó con ellos hicieron cesar las escuchas a Avila, Burstein y otras ocho personas en el expediente; luego, ante pedidos del magistrado porteño, se negaron a colaborar con la investigación. Como informó Página/12, cuando Oyarbide mandó emisarios a Misiones, Rey los hizo esperar durante horas y al final se escapó con su secretaria por la ventana, aunque les dejó un escrito oponiéndose a entregarles copias del expediente. Gallardo se negó a proporcionarles las escuchas.

Pese a que Nisman pidió la detención y el desafuero de los jueces misioneros, Oyarbide resolvió empezar por tomarles indagatoria y después evaluar la situación. Si se niegan a presentarse en el juzgado, entonces seguro pedirá el desafuero. La sumatoria de delitos de los que están imputados los deja en un escenario complicado: se les imputa violación de la intimidad agravada, abuso de autoridad, ocultación de pruebas, prevaricato (fallar en forma deliberada contra la ley) y falsedad ideológica.

La presentación del fiscal hace notar, en cuanto a Burstein, que pese a tener siete teléfonos a su nombre, le intervinieron el que utilizaba para hablar con los familiares de las víctimas del ataque a la AMIA y con el propio Nisman, fiscal de la causa del atentado. La escucha fue entre agosto y septiembre últimos, en momentos en que se avecinaba el procesamiento del comisario retirado Palacios por encubrimiento en la investigación del atentado y que Burstein reclamaba su apartamiento de la Policía Metropolitana.

El caso de Avila tiene una particularidad: la intervención de su teléfono comenzó en 2007 y siguió hasta mitad de este año, aunque fue cambiando de jueces y de expediente. La primera pinchadura se hizo a través de un juzgado de Capital –que está siendo investigado– en el caso del robo a un banco. Luego siguió desde Misiones, primero desde el juzgado de Rey y luego desde el de Gallardo. Lo ligaban con dos casos de homicidio. La persona autorizada a retirar los casetes de la SIDE siempre fue James.

Oyarbide investiga los lazos de James con Palacios, a quien comprometen los 150 llamados que intercambió con el espía entre agosto y septiembre. También analiza qué hacía contratado en el Ministerio de Educación porteño desde 2008, mientras actuaba en las filas de Inteligencia de la Federal. Osvaldo Chamorro, que sigue en la cúpula de la policía porteña, también está en la mira: ante el juez dijo que había hablado sólo dos veces con James, pero se detectaron unas 70 llamadas que lo desmienten.