Las novedades que reflejaron los diarios el martes 17 de noviembre revelaron un atributo propio del modelo del gobierno neoliberal-conservador que impulsa Mauricio Macri: la “escucha” de sus propios funcionarios evoca los tristes tiempos de la dictadura genocida.

En efecto, en la computadora del comisario Osvaldo Chamorro –jefe de la nueva Policía Metropolitana y recientemente destituido por lo escandaloso de la situación creada– guardaba información sobre políticos opositores, dirigentes sindicales y hasta sobre funcionarios del Poder Ejecutivo.

Es indispensable caracterizar este elemento no como un exabrupto, permite comprender mejor por qué Mauricio Macri dijo que el intendente de la dictadura Osvaldo Cacciatore fue para él un modelo de gestión, y certifica que se trata de una concepción de la sociedad, de la política y del poder. Un rápido relevamiento de las acciones del macrismo permite observar esta concepción que cabalga sobre el concepto de la eficiencia, pero que en realidad resulta todo lo contrario a los intereses de los vecinos de la ciudad.

El veto a la ley de creación del Laboratorio Estatal de Medicamentos, por caso, se justificó porque no habría condiciones para hacerlo. Sin embargo, uno de los resultados de esa decisión fue el encarecimiento de la provisión de hospitales públicos municipales. En un sentido convergente puede apreciarse la reducción del presupuesto educativo mientras se aumenta la partida que transfiere fondos estatales a los colegios privados.

El caballito de batalla del macrismo –“Haciendo Buenos Aires”– y sus promesas electorales se encuentran desmentidos en los hechos por incumplimientos notorios (¿recuerdan cuando el ingeniero se comprometió a construir 10 kilómetros anuales de subterráneos?), complementados con denuncias graves por presuntos negociados en materia de obras de infraestructura.

Tampoco en la atención de la desigualdad Macri ha descollado ni por su eficiencia ni por la justicia de sus políticas. Redujo la partida de becas escolares –lo cual generó un enorme conflicto en la comunidad educativa en 2008–, extinguió los fondos destinados a la construcción de la vivienda social (transfiriendo ese dinero a la realización de “obras”) y creó una fuerza de choque parapolicial –la Unidad de Cuidado del Espacio Público (UCEP)–, especializada en apalear y echar a los sectores más vulnerables de nuestra ciudadanía.

El escándalo de los “escuchas” expresa un modelo consistente que privilegia la represión del conflicto social y político, la reducción del espacio público, la ampliación de las oportunidades de negocios para los amigos del poder y una profunda ineficiencia en atacar el conjunto de problemas de la ciudadanía.

El nombramiento de Eugenio Burzaco como alternativa al cuestionado Jorge “Fino” Palacios antes y Osvaldo Chamorro posteriormente, lejos de expresar un cambio de rumbo se afirma sobre la naturaleza represiva del enfoque de la seguridad. Como botón de muestra, Burzaco asesoró al ex gobernador Jorge Sobisch en materia de represión del conflicto social, y sus consejos pueden entender el desenlace del maestro Carlos Fuentealba, asesinado bajo las balas policiales.

Nuestra concepción de la seguridad es integral y supone la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos que hacen a la dignidad de las personas. El gatillo fácil, las escuchas telefónicas, las palizas preventivas de las “fuerzas del orden” sólo pueden profundizar la espiral de violencia que se nutre de relaciones sociales profundamente injustas. En pocas palabras: el gobierno de Macri representa las peores prácticas gubernamentales de los años de hegemonía neoliberal, agudizando y profundizando políticas que tienen como consecuencia la ampliación en la brecha de la desigualdad y la extensión de la injusticia.

El derecho al buen vivir de los ciudadanos debe ser un objetivo irrenunciable del Estado. También supone el reconocimiento de lo diverso –en el plano del respeto a las múltiples identidades– y, finalmente, una activa participación protagónica de toda la ciudadanía en la construcción de un proyecto común de presente y de futuro.

El gobierno de Macri ha demostrado, por el contrario, configurarse como una verdadera junta de negocios de amigos y una asociación orientada al vaciamiento de lo público vía la aplicación de un autoritarismo intolerable. Para colmo, sus promesas tecnocráticas de resolver “los problemas del vecino” han demostrado ser palabras vacías, asignaturas pendientes. Cuando se caen las máscaras queda en evidencia la impotencia de un (des)gobierno para el que no cabrá otro destino que un triste recuerdo.