“¿Por qué no hacen el ensayo? Presenten ante la Justicia el pedido para dolarizar un crédito.” Los banqueros se sorprendieron. No tanto por la propuesta en sí. Sino porque quien la sugirió fue el ministro Roberto Lavagna, durante la tensa reunión que mantuvo ayer con los representantes de ABA (bancos extranjeros) y ABAPPRA (nacionales), para evaluar las alternativas ante un eventual fallo dolarizador de los depósitos por parte de la Corte Suprema.
La relación entre la banca extranjera y el ministro Lavagna transita por su peor momento. Por eso, durante los 40 minutos de la reunión en el Palacio de Hacienda, el aire se podía cortar a cuchillo. En representación de ABA estuvieron su titular, el ex viceministro de Machinea, Mario Vicens, Manual Sacerdote, presidente del BankBoston, y Enrique Cristofani, del Río. En el equipo económico sospechan que existe una conspiración urdida por el menemismo, aliado a este sector del establishment, para socavar la frágil estabilidad financiera, eyectar al ministro de su puesto y cargar los costos de la re-dolarización en cabeza del Estado. De hecho, el ministro se los recriminó veladamente, lo cual elevó aún más la temperatura del cónclave: habló de “operaciones de prensa”, de “trascendidos” y “rumores” tendientes a presionar a Economía para que aplique un bono compulsivo.
También participaron del encuentro los directivos de ABAPPRA, que suelen acompañar las medidas del Ministerio de Economía: Roberto Feletti, del Banco Ciudad; Ricardo Gutiérrez, del Provincia; Horacio Pericoli, del Nación; Leonardo Bleger, del Credicoop, y Ezequiel Carballo, del Macro Bansud.
El pedido de los banqueros de ABA fue concreto pero sutil, ya que en una reunión tan grande y protocolar no era negocio enfrentarse abiertamente con el ministro. Así, reclamaron que el Poder Ejecutivo y el Legislativo adopten las “medidas necesarias” para implementar un eventual fallo dolarizador de la Corte. Pero, de inmediato, aclararon que ni los bancos ni los deudores estaban en condiciones de hacerse cargo de la redolarización. A los banqueros no los entusiasma la dolarización de los créditos por una cuestión práctica: están convencidos de que no podrían cobrarlos, dado las altas tasas de morosidad que ya existen con los préstamos pesificados 1 a 1.
Por eso, insistieron con que el Gobierno debe anticiparse a la decisión de la Corte entregando un bono en dólares a todos los ahorristas. Como reveló este diario, el jueves pasado, Vicens no se había andado con rodeos al plantearle la cuestión al secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen. Más aún, ante la negativa de éste, había amenazado con que los bancos extranjeros se declararían en convocatoria de acreedores, para negociar desde ese status legal con los ahorristas.
Eludiendo el embate, Lavagna volvió argumentar que no había que anticiparse a las decisiones de la Corte. Pero dijo, además, que ante un eventual fallo contra la pesificación ninguna solución podía suponer un mayor costo fiscal.
La discusión de fondo es, como siempre, quién asumirá los costos. Hasta ahora, Gobierno y bancos se habían puesto de acuerdo en que una parte del costo de la pesificación la afrontaran los ahorristas y otra el Estado, que compensará a los bancos por la diferencia cambiaria entre depósitos (a 1,40) y créditos (a 1). Los bancos no aportaban absolutamente nada en términos de patrimonio. Con la redolarización, reaparece la cuestión de quién paga la cuenta: el Estado, como quieren los bancos; los bancos, como pretenden los ahorristas; o una combinación entre bancos, ahorristas y deudores con capacidad de repago en dólares, como dictaría el sentido común.
Una “solución” que satisface a los bancos es que éstos se hagan cargo de pagar los plazos fijos a 1,40 más CER y que la diferencia hasta el tipo de cambio libre la cubra el Estado con un bono. Sin embargo, de esta forma el Estado contraería nueva deuda por más de 5000 millones de dólares, una cifra exorbitante que habría que cargar a los casi 20.000 millones en bonos en proceso de emisión para ahorristas y bancos.
En cambio, en Economía insisten con la idea de que los bancos se arreglen con sus clientes, al estilo de Uruguay. Una posibilidad, por ejemplo, sería que los bancos mantuvieran la actual reprogramación de depósitos y a su vencimiento oblaran 1,40 más CER; en tanto que la diferencia cambiaria la podrían pagar dentro de una nueva reprogramación, en cómodas cuotas. También estudian la alternativa de dolarizar una parte de los créditos, por ejemplo, los otorgados a los mayores 100 exportadores del país, para mejorar el balance de los bancos.
Sin embargo, ayer Vicens salió al cruce de esa alternativa. Argumentó que no se podía aplicar una “solución a la uruguaya” porque, a diferencia de Argentina, en Uruguay no se habían pesificado los créditos.
Entonces, Lavagna se despachó con la propuesta que sorprendió a todos.
“Tomen un caso y presenten ante la Justicia el pedido para dolarizar un crédito. ¿Por qué no hacen el ensayo?”, sugirió el ministro.