La Auditoría General de Asuntos Internos que conduce María Alejandra Provítola tiene cuatro auditorías sumariales, tres de las cuales son para cubrir jurisdicciones y una temática. En ellas se desempeñaban los civiles despedidos que instruían sumarios con motivo de delitos graves y de acuerdo con lo que fija el decreto 1050/09. Las funciones del personal están determinadas por la Ley 13.204 que establece para el organismo “planificar y conducir las acciones tendientes a prevenir, identificar, investigar y sancionar aquellas conductas vinculadas directa o indirectamente con la actuación del personal con estado policial perteneciente a las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que puedan constituir faltas éticas y abusos funcionales graves que por su magnitud y trascendencia afecten a la Institución y a sus integrantes”.

La Ley 13.204 también establece que “para un eficaz cumplimiento de su cometido, la Auditoría General de Asuntos Internos se organizará con personal civil y por aquellos funcionarios de las Policías de la Provincia de Buenos Aires que en virtud de su capacitación específica sean estrictamente necesarios”. Todos los abogados que fueron cesanteados pertenecían a la categoría de “planta permanente sin estabilidad” y aspiraban a conseguir esta última, además de un aumento de salarios ya que, aducen, no lo recibían desde hacía un año.

Estos profesionales denuncian también que “desde hace varios meses se encuentran obligados a confeccionar el acto administrativo final, la resolución, que luego es rubricado por la auditora general, siendo que esa tarea es propia de la Dirección Técnica y Legal”.