¿Qué lleva a algunos sectores progresistas a enfrentar o a votar en contra del gobierno de Cristina Kirchner? ¿Es ilegítimo o políticamente incorrecto tener independencia legislativa y apoyar aquellas resoluciones con las que se acuerda profundamente y negar o impugnar aquellas otras con las que hay confrontación o disidencia? La historia vuelve a repetirse. En la Argentina del siglo XXI parecería reeditarse una nueva polarización, con la rara o quizá típica circunstancia de que hay sectores de izquierda y de derecha mezclados en ambas “esferas”. Para el centroizquierda, o la izquierda popular, más precisamente, las opciones no son fáciles de recorrer. Hay una voluntad claramente explicitada de apoyar la institucionalidad democrática y popular, y de expresar diferencias y matices con muchas de las iniciativas gubernamentales. Se reclama el derecho a expresar públicamente los desacuerdos y de reservar autonomía para los debates más importantes.

El Gobierno nacional tiene una orientación progresista en lo que hace a las políticas de derechos humanos y a las políticas sociales en general, pero no admite disidencias y actúa sin consultar. Nos atraviesa la sensación de que podríamos estar malgastando una oportunidad histórica en América latina para avanzar en procesos de transformación profunda de la realidad social y económica. Aun valorando mucho de lo hecho, los resortes básicos de la economía, de los recursos naturales, siguen en manos del poder económico concentrado, la estructura política sindical reproduce los niveles de burocratización de décadas anteriores y la orientación de la reforma política consolida las estructuras tradicionales partidarias. El Gobierno se debate en los límites de sus contradicciones sin intentar plantear su propia superación.

Hay sectores progresistas y populares en un conjunto de expresiones políticas diversas. El último ejemplo histórico de confluencia de esos sectores fue el Frepaso. Ejemplo frustrante de esperanzadora construcción alternativa y, al mismo tiempo, de vacilaciones y subordinación a los partidos tradicionales y al establishment. Y la experiencia ominosa de la Alianza nos recuerda el espejo en el cual no podemos volver a mirarnos.

Tenemos que enfrentar a la nueva derecha expresada en el PRO y sus aliados, el peronismo disidente, en sectores conservadores que anidan en el Acuerdo Cívico y Social, entre otros.

El centroizquierda, la izquierda popular, no puede ni debe organizar ningún frente en común con la derecha. Tiene que tener independencia de criterios. Al mismo tiempo, una actitud progresista no admite incondicionalidades, ni ser cómplice mudo de procesos de corrupción o mal gobierno. Implica autonomía y acuerdos específicos en cada momento. Aunque esto signifique, a veces, quedar solos o coincidir coyunturalmente con quienes no tenemos acuerdos estratégicos.

Ocupar el espacio de la crítica positiva y pluralista no es sencillo. Desde la derecha se habla de crispación y se reclama mano dura, otras voces desde los sectores populares denuncian a rajatabla la corrupción que aflora en muchísimas expresiones de la política y de los gobiernos. La posibilidad de reflexión profunda y de construcción alternativa parecen utopías, el reclamo de diálogo y de construcción de consensos, en el estilo gramsciano, es visto como postura “floja” frente a la permanente pulseada con la derecha. Es necesario recuperar la capacidad de debate político transversal, y reagrupar a quienes desde muchos frentes sociales y políticos luchamos por las mismas convicciones y propuestas. La pulseada es muy fuerte. No volvamos a equivocarnos.

Diputada porteña, Diálogo por Buenos Aires (FPP).