Ayer, Macri caminó sobre una delgada cornisa de cara a ser arrojado al espantoso abismo del Infierno, después de que la jerarquía eclesiástica porteña, a través de un comunicado del arzobispo Jorge Bergoglio, lo reconviniera en público respecto de sus supuestas “obligaciones”. El reclamo con tono de desautorización de parte de la Iglesia cuestionó como erróneo el fallo de la jueza Elena Liberatori y demandó a Macri que cumpliera “su obligación de apelar, como garante de la legalidad en la ciudad”. Sin embargo, a última hora, en la Procuración General porteña no existía orden de apelar el fallo que ordenó la realización del matrimonio entre dos hombres. Hoy corre el último día de plazo y todo indica que el gobierno no lo hará. No por apóstata, sino por equilibrista. Después de que Bergoglio alzara el índice admonitorio, por la tarde, el PRO anunció su receta antiexcomunión: presentará un proyecto de enlace civil, el ni del casorio, ni matrimonio ni unión civil, con los mismos derechos patrimoniales que el matrimonio. Pero no tantos. Por ejemplo, no admite la patria potestad compartida. El proyecto no cuenta con la simpatía de los supuestos beneficiarios.

Después de hacerse público el fallo de la jueza Elena Liberatori, Macri dio la orden de no apelar, con lo que la sentencia quedaría firme apenas concluido el plazo de 72 horas desde que fueron notificadas las partes. Del mismo modo en que ocurrió el 24 de noviembre pasado, cuando Macri ordenó no apelar el fallo de la jueza Gabriela Seijas, que abrió (breve suspiro) las puertas al matrimonio Freyre-Di Bello.

Macri entonces fue recibido en audiencia en la sede del Arzobispado por los sermones del cardenal Bergoglio. Podría decirse que quedó en capilla. Ayer, después de que públicamente el gobierno anunciara que no apelaría el fallo, Bergoglio levantó el índice hacia el cielo y lanzó su impiadosa crítica: “Dado que el Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el garante de la legalidad en la ciudad, el Sr. Jefe de Gobierno, a través del Ministerio Público, tiene la obligación de apelar el fallo. Desde épocas ancestrales el matrimonio se entiende como la unión entre el varón y la mujer. Su reafirmación no implica discriminación alguna”, advirtió Bergoglio.

María Rachid, titular de la Falgbt, dijo a este diario que “sabemos que la jerarquía de la Iglesia Católica se está oponiendo al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero no se está oponiendo más de lo que se opuso en su momento a la ley de divorcio, y hoy hay divorcio”.

Desde el PRO se distanciaron del reclamo de Bergoglio, aludieron a que el Ministerio Público es parte del Poder Judicial y no órgano del gobierno y argumentaron que “la normativa es facultad del Congreso, donde se están discutiendo estas cuestiones”. Precisamente, el PRO anunció su proyecto contemporizador. El proyecto de enlace civil, con la firma de los diputados Gabriela Michetti (que en la campaña electoral prometió apoyar el matrimonio gay), Federico Pinedo, Paula Bertol y Gladys González, sostiene que “queremos defender a la familia y a la libertad en forma simultánea y no excluyente”. La idea es agregar a la unión civil derechos propios del matrimonio, tal como ya lo había anticipado Macri a fin del año pasado. “Lo diferente en nuestra propuesta consiste en otorgar a los contrayentes de un enlace civil un grado muy alto de libertad en las convenciones patrimoniales y en el derecho de sucesión.” No todos. No proponen la patria potestad compartida.

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