La Corte Suprema declaró “abstracta” la medida cautelar con la que diputados del PRO y la Coalición Cívica (CC) habían conseguido bloquear el Fondo del Bicentenario, derogado esta semana. La decisión, si bien era esperable, lleva un mensaje implícito: el tribunal rechazaría intervenir para frenar el nuevo DNU con que el Gobierno dispuso el uso de reservas del Banco Central para el pago de vencimientos de la deuda. “No vamos a echar más leña al fuego y seguimos priorizando la salida política”, repetían ayer algunos supremos, horas después de recibir otro planteo de los legisladores de la oposición. Ahora, la batalla judicial en torno de los decretos y las reservas se dirime en tres juzgados de Primera Instancia del fuero Contencioso Administrativo, donde ya hay cuatro presentaciones contra el Fondo del Desendeudamiento.

La medida cautelar que suspendió el DNU que creó el Fondo del Bicentenario había llegado a la Corte por un recurso extraordinario presentado por el Estado. Por eso, en cuanto Cristina Kirchner anunció la derogación del decreto, los propios abogados del Gobierno le pidieron al tribunal que declarara abstracto ese expediente. Esto fue, en efecto, lo que hicieron finalmente los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay: sentenciar que el caso perdió sustento. No tenían por qué hacerlo con tanta celeridad. Pero lo hicieron porque siguen en la tesitura de propiciar que este conflicto puntual se resuelva en el ámbito parlamentario. La señal tendría dos destinatarios: los políticos y los jueces inferiores.

Mientras Sus Señorías firmaban la breve resolución, el diputado de PRO Federico Pinedo y sus colegas de la CC Patricia Bullrich, Alfonso Prat Gay y Juan Carlos Vega, les llevaban un pedido para que extiendan los efectos de la medida cautelar original y suspendan el DNU 298/10 que creó el ahora llamado Fondo del Desendeudamiento. En la Corte resolvieron dejar este asunto para la semana que viene, pero puertas adentro todo el mundo da por hecho que no va a prosperar por el solo hecho de ser una ampliación de un expediente que ayer mismo dejó de existir. Además, los legisladores –explicó un cortesano a Página/12– tampoco eran “parte” directa en el trámite del recurso extraordinario.

El argumento de los legisladores opositores es que el Gobierno recurrió a un “artilugio” con el objetivo de hacerse de las reservas y que burló una medida judicial que impedía el uso de los fondos y buscó eludir la intervención del Parlamento. “Los diputados de la Nación actores en esta causa tenemos un derecho que nos fuera reconocido y concedido en ella por la Justicia federal: que las reservas del Banco Central no podrían utilizarse mediante un decreto de necesidad y urgencia hasta tanto el tema no fuera resuelto por el Congreso”, dice el texto del reclamo. “Sólo pedimos (a la Corte en este caso) que nos aclare, a nosotros y a nuestro país, si las órdenes sustantivas del Poder Judicial deben cumplirse o si es posible no hacerlo mediante un simple enmascaramiento”, agrega.

Con los mismos fundamentos, tal como habían anunciado, el PRO y la CC también pidieron la ampliación de la medida cautelar ante la jueza Liliana Heiland, quien quedó a cargo en forma definitiva de la causa que durante la feria judicial estuvo transitoriamente comandada por María José Sarmiento. Un planteo equivalente y en términos muy similares había hecho el radicalismo un día antes ante la jueza Claudia Rodríguez Vidal. En este mismo juzgado agregó una ampliación de su demanda un grupo de legisladores del peronismo disidente. Otro juez, Esteban Furnari, tiene un nuevo amparo: el que promovieron los abogados Enrique Piragini y Carlos Tortera. Los abogados del Estado llevaron a los despachos de Heiland y Rodríguez Vidal escritos donde dicen que al haber sido derogado el DNU del Fondo del Bicentenario los amparos en trámite ya no tienen razón de ser. Diferenciaron, además, aquella disposición de los nuevos decretos. Lo mismo hicieron ante la Cámara del fuero Contencioso Administrativo. Hoy llevarán copias de la resolución de la Corte, que en ese sentido les da la razón.

Más allá de este conflicto puntual, los supremos trabajan desde hace varios meses en un fallo que siente una jurisprudencia clara y ponga un límite al uso de los DNU por parte de este y futuros gobiernos. Como informó Página/12, en estos días Sus Señorías intentan unificar criterios. Pero frente a un escenario caldeado tras la sucesión de decretos coronada con las alusiones de la Presidenta a los jueces que cobran por excarcelaciones y los que fallan según la tapa de los diarios, más de un integrante de la Corte quiere poner el pie en el acelerador.