Alexis Cabral, de 8 años, padecía alergias constantes y era dependiente de un inhalador para poder sobreponerse de los ahogos. Vivía frente al campo de soja denunciado. Desde hace un año, coincidentemente con el cese de las fumigaciones, Alexis no padece ningún síntoma y dejó el inhalador. No hay estudios científicos que demuestren la directa relación, pero los vecinos del barrio Urquiza de San Jorge no creen que sea una casualidad. El reciente fallo de la Justicia de Santa Fe también es innovador en ese sentido: revaloriza los testimonios de los afectados –muchas veces minimizados por los jueces–, resalta la importancia de los médicos de pueblos (testigos cotidianos en la atención de intoxicados) y cita trabajos científicos que alertan sobre los efectos del glifosato.

“En casos controvertidos científicamente, se torna muy relevante considerar las ‘historias de vida’, las ‘experiencias’, los ‘saberes y conocimientos’ de quienes viven cotidianamente expuestos al riesgo de que se trate, en este caso los agroquímicos. Es necesario revalorizar ‘el sentido común’ debido a que la ciencia no puede responder a todos los interrogantes”, reclama la Cámara de Apelaciones en los Civil y Comercial (Sala II).

El fallo resalta también la importancia de los médicos rurales: “(Son) un grupo de personas que no integran el llamado ‘sistema científico oficial’ y han efectuado estudios relevantes desde hace años”.

En cuanto a los miembros de la comunidad científica que estudiaron los efectos de los agroquímicos y alertaron sobre su uso, señala las investigaciones de Argelia Lenardón (UNL-Conicet), que estudió la existencia de agroquímicos organoclorados en leche materna; Amalia Dellamea (UBA), que confirmó la presencia de plaguicidas en productos lácteos; Alejandro Oliva (Hospital Italiano de Rosario), que estudió los impactos en las funciones reproductivas; Jorge Kaczewer (UBA), que recopiló trabajos sobre el tema; y Andrés Carrasco (UBA-Conicet), que el año pasado detectó malformación en embriones anfibios, alertó a la opinión pública y fue duramente atacado por las cámaras empresarias del sector.

Los jueces santafesinos recuerdan como antecedente el decreto presidencial que creó la Comisión Nacional de Investigaciones sobre Agroquímicos, donde intervenieron los ministerios de Ciencia, Salud, Agricultura, el INTA y el Conicet. “El informe recibió multiplicadas críticas por parte de especialistas (...) Las críticas al informe apuntan a que utiliza bibliografía sesgada, recorta la problemática y equipara estudios de Monsanto con trabajos de científicos independientes”, afirmó el reciente fallo.

La Justicia señaló que los principales sostenedores de la inocuidad de los agroquímicos son las cámaras empresarias y la Asociación Productora de Siembra Directa. Reconoce que la OMS y la FAO clasifican al glifosato dentro de una categoría de bajo riesgo, pero cita a la bióloga de la UBA Lilian Joensen: “Las clasificaciones de la OMS y FAO no están basadas en estudios propios o de grupos independientes sino que se trata de revisiones de estudios hechos por las empresas mismas”.