La Legislatura porteña podría reformular algunas de las políticas macristas si los diputados opositores logran coordinar acciones para capitalizar el momento político, en el mejor sentido del término. El día después de la citación a indagatoria del jefe de Gobierno Mauricio Macri encontró a todos muy cautos respecto de pronunciar la frase “juicio político”, pero empezaron a surgir ideas entre los legisladores de centroizquierda para torcer la impronta represiva en materia de seguridad y convivencia urbana. Según pudo saber Página/12, estarían conversando la posibilidad de impulsar con energía la modificación de la Ley de Seguridad y, asimismo, reformular el plan de la Policía Metropolitana.

“Estamos en una situación de alerta institucional, queremos ver lo que dice la Justicia y las explicaciones que debe dar Mauricio Macri, pero no nos subimos a estrategias de desestabilización, y tampoco queremos hacer un circo”, dijo el diputado Martín Hourest, del bloque Igualdad Social, a raíz de la citación a indagatoria del juez federal Norberto Oyarbide a Macri. Tras aclarar que le “repugnan las escuchas ilegales, y que se utilice en forma desembozada el aparato del Estado para generar impunidad”, Hourest dijo que “en caso de que esto se compruebe y el juez procese al jefe de Gobierno, vamos a pedir que se apliquen los mecanismos constitucionales que correspondan, lo cual incluye el juicio político”.

El razonamiento sería el siguiente: Macri organizó la Metropolitana con Jorge “Fino” Palacios, armó una red de espionaje y su gente sigue ahí, de modo que los legisladores ven una oportunidad de reformarla y que sea diferente de como Macri la pensó. En tal sentido, desempolvaron aquel diseño que fracasó ante el predominio macrista y la falta de cohesión opositora, que incluía la obligación por ley de que el jefe sea un civil, la auditoría ciudadana en lugar del autogobierno policial, la publicidad de los legajos del gasto interno y la discusión colectiva del mapa de la inseguridad en foros de seguridad pública. “Es insostenible que no haya renunciado el equipo que vino con Palacios”, dijo el legislador Gonzalo Ruanova, de Nuevo Encuentro. También podría fracasar el nuevo paquete pro-represivo impulsado por el Ejecutivo: la iniciativa de Mauricio Macri de prohibir la actividad de los cuidacoches y limpiavidrios, la penalización del uso de capuchas en manifestaciones y el impulso por ley de la autorización para el uso de las cuestionadas pistolas electrónicas Taser.

Así como pocos mencionaban ayer el eventual juicio político, tampoco recogía adhesiones la idea de interpelar a Macri. El lunes Ruanova introdujo la posibilidad de que una comisión legislativa haga una investigación paralela a la de la Justicia, pero no logró quórum. La opinión mayoritaria es que hay que esperar a ver si la Justicia lo procesa luego de la indagatoria. La legisladora opositora Gabriela Cerruti ya impulsó un pedido de interpelación al ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, pero tendría destino de comisión porque si intentan proponer su tratamiento sobre tablas el macrismo lo bloqueará como en el anterior intento. Del mismo modo, ayer los hombres y mujeres del PRO repetían que “no hay posibilidad de que prospere el juicio político porque se necesitan los dos tercios” del cuerpo, algo que la oposición mira de lejos. Tanto la Coalición Cívica como Proyecto Sur describieron la situación como una “crisis institucional” derivada de “encomendar la Metropolitana a exponentes de los peores vicios de la Federal”.

Más allá de las declaraciones, evitar el “circo” que implicaría aprovechar el empeoramiento de la situación judicial de Macri equivale para varios legisladores a no propiciar que el jefe de Gobierno se victimice, algo que suele ocurrir de todos modos.