San Luis atraviesa una nueva crisis política. Tras el conflicto docente que volvió a sacar a 17 mil personas a la calle, la Cámara de Diputados, con mayoría de alfiles de Alberto Rodríguez Saá, niega el ingreso a cuatro diputados de la oposición votados en dos departamentos. El conflicto que no logra atravesar el cerco mediático impuesto en la provincia –el único diario es propiedad de los Rodríguez Saá– intenta ganar aire en Buenos Aires. Ayer, en el Congreso nacional, el senador Daniel Pérsico presentó un pedido para crear de modo urgente una comisión de investigación ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. A la vez, los diputados proscriptos buscan una vía judicial con una presentación ante la Corte Suprema de Justicia.

“Lo importante es recordar que mientras en Buenos Aires los Rodríguez Saá hablan de autonomía, justicia y libertad –dijo Pérsico–, ellos llevan 25 años de un gobierno hegemónico y aplican la ley de que se hace lo que ellos quieren. Si les ganás, no te preocupes, igual no te van a dejar asumir.”

La Cámara de Senadores puntana tiene nueve representantes, sin bancas para la minoría, todos son oficialistas. La Cámara de Diputados tiene 43 bancas, 14 deberían ser de la oposición. Pero nada es lo que parece en esa provincia: cuatro bancas que el Acuerdo Cívico y Social ganó el 28 de junio están vacantes. En la sesión preparatoria del 7 de diciembre pasado, la Cámara baja estableció en un reglamento “suspender y diferir el tratamiento de la validez de las elecciones del 28 de junio de 2009” en la categoría de los diputados provinciales del departamento de Belgrano y de Dupuy, de donde provienen los cuatro proscriptos. La suspensión todavía está vigente.

Los diputados proscriptos son Eduardo Ariel Ojeda y Carlos Jofré, de Belgrano, y Gerardo Díaz y Ariel Figueroa, de Dupuy, todos del Acuerdo Cívico y Social. En la volteada también quedaron fuera dos diputados elegidos en esos mismos distritos por el oficialismo: Arnaldo Joaquín Schulze y Oscar Hugo Saa.

Las razones de la suspensión parecen un retrato de época. La evaluación quedó a cargo de una comisión formada por quienes se pronuncian como miembros de la Agrupación Lealtad Peronista, ligada a Adolfo y Alberto Rodríguez Saá. En el informe manifestaron “razones de ética”, porque los diputados pertenecieron en algún momento a las filas del Partido Justicialista y no podrían asumir en otro partido. No es la única razón, pero quizá la de mayor peso. Otro argumento indica que “incurrieron en engaño a los votantes”, porque llevaron como candidato a diputado nacional a Daniel Rodríguez Saá.

Luego de innumerables presentaciones en ese mismo Congreso provincial, el abogado Elías Taurant presentó una demanda ante la Corte Suprema. Según Taurant, la facultad para aprobar a los legisladores no es del Congreso sino de la Cámara Electoral, es decir del Poder Judicial, que ya los había aprobado, según estableció el fallo Patti y Bussi. Esta intervención del Congreso es para él “inconstitucional”. Y es la llave por la que Pérsico intenta pedir un respaldo político de la UCR y el PJ nacionales. “Para no ir a fondo con un pedido de intervención federal para la Legislatura porque es un remedio muy extremo, pedimos que se investigue para que ese análisis se trasforme en presión para el gobierno provincial”.