El Congreso argentino ratificó la Convención de los Derechos del Niño en 1990 y la Constitución de 1994 luego la incorporó a su texto de modo expreso. El país que adhiere a la Convención, como la Argentina, queda comprometido a brindar informes periódicos y contestar preguntas del Comité por los Derechos del Niño de Naciones Unidas. La visita anterior de una delegación a Ginebra, sede del Comité, fue en 2002.

“Vamos a Ginebra sabiendo cuántas cosas tenemos pendientes en la Argentina”, dijo antes de viajar Paola Vessvessian, secretaria nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. “El Estado logró bajar los índices de pobreza e indigencia para los menores de 18, pero nuestro trabajo sigue”, agregó.

Marisa Graham, directora nacional de Promoción y Protección Integral de la misma Secretaría, dijo a Página/12 que “desde que se promulgó la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, el Congreso fue sancionando y el Ejecutivo promulgando una serie de leyes que fijan para la Argentina exigencias aún más altas que la misma Convención”.

Graham citó, entre otras, las leyes de Educación Nacional, de Financiamiento Educativo, de Educación Sexual Integral, la de Equiparación de la Edad para Contraer Matrimonio (entre mujeres y varones), Prohibición del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente, Prevención de la Trata de Personas y, naturalmente, el decreto de Asignación Universal por Hijo para Protección Social.

“El criterio es que cada iniciativa de legislación y cada medida del Poder Ejecutivo debe contener un aporte específico que mejore la situación de niñas y niños”, dijo la abogada especialista en el tema.

Mariano Luongo, que coordinó el equipo encargado de elaborar este tercer informe al Comité de los Derechos del Niño, explicó que el Comité elevó preguntas a la Argentina y el Gobierno elaboró las respuestas. “Es un texto-base de unas 100 páginas, pero el 2 y el 3 la secretaria Vessvessian hará una exposición introductoria sobre las políticas hacia la niñez en la Argentina y luego el Comité seguramente querrá profundizar en cada punto antes de emitir sus recomendaciones, cosa que normalmente ocurre unos diez o quince días después de la sesión con el Comité.”

El Comité, que depende del área de Derechos Humanos de la ONU, está integrado por expertos independientes. También supervisa los protocolos sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en pornografía y el protocolo sobre la participación de niños en conflictos armados.

Junto con Vessvessian, Graham y Luongo participan de la comitiva argentina el subsecretario del área, Gabriel Lerner; el director de Análisis de Gasto Público y Programas Sociales, Damián Bonari; el jefe de Gabinete del Ministerio de Educación, Jaime Perczyk; el subsecretario de Salud Comunitaria, Guillermo González Prieto; la fiscal general de Política Criminal, Derechos Humanos y Servicios Comunitarios de la Procuración, Mary Belof, y el vicepresidente de la Cámara de Diputados de San Juan, Eduardo Bustelo.

Graham explicó que las políticas para la niñez son específicas y a la vez están contenidas en cada iniciativa social o económica que se tome.

Dio un ejemplo. La trata de personas, que afecta a las niñas y a los niños, ahora es delito federal. “Esto significa que a la fuerza de las provincias en la persecución y la prevención se suma el Estado nacional con todos sus organismos”, dijo.

Otro ejemplo que dio es el Programa Patria Grande. “Los chicos, vengan de donde vengan, del país que sea, están regularizados y atendidos por todos los programas sociales, educativos y sanitarios en vigencia, y nadie puede discriminarlos por su origen”, explicó.

Un tercer ejemplo fue el trabajo del Consejo Federal sobre Niñez. “Es un organismo de concertación de políticas”, dijo. “Empezó a funcionar en diciembre de 2006. La concertación se plasma en firmas y luego las políticas contemplan la asistencia, el presupuesto y el monitoreo.”

–¿Tienen presupuesto federal?

–El Estado nacional sólo financia políticas que contribuyan a proteger derechos de los niños, los adolescentes y las familias. Esa protección llevó, por caso, no sólo a estrategias generales, sino a resultados muy puntuales, como haber sacado 44 mil chicos del trabajo ilegal, mandarlos a la escuela y asegurar que las familias cobrasen las asignaciones. Esta situación contaría con otro instrumento más si se pusiera en práctica la figura del Defensor de los Niños.

–¿Es como la Defensoría nacional?

–Debería tener una estructura parecida. Y es una tarea del Congreso.