Una vez conocido el cambio de estrategia del Gobierno, para forzar el levantamiento del corte de la ruta 136 que comunica Gualeguaychú con Fray Bentos de manera judicial, la inquietud de la Asamblea Ambiental era conocer el listado de los asambleístas que serían querellados “con nombre y apellido”, tal como lo anunció el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el pasado miércoles. El mandato de la presidenta Cristina Kirchner para que el procurador general Joaquín Da Rocha presente al Estado de manera formal como parte de la causa ya está listo. Cuando se cumplimenten los trámites de rigor, el juzgado federal de Concepción del Uruguay, a cargo de Gustavo Pimentel, tendrá la potestad de definir si acepta o no la incorporación al expediente del Gobierno como parte damnificada. Diversas fuentes coincidieron en reducir a once personas el listado en el que se basa la querella inicial que está sobre el escritorio de Pimentel, pero tampoco lo acotaron de forma definitiva.

Los abogados de la Asamblea anticiparon un proceso legal largo para el que aún no tienen una estrategia definida hasta que el Gobierno no dé los primeros pasos. “Los asambleístas tienen que reflexionar rápidamente y levantar el corte”, aconsejó ayer el ministro de Justicia, Julio Alak, para tratar de suavizar el impacto que sintió la Asamblea (ver nota principal).

A la tensa espera por el desalojo, los ambientalistas pasaron a la tensa espera por la notificación. El operativo que el Gobierno puso en marcha tras la conferencia de prensa de Fernández y Alak agregó dramatismo a la situación en Arroyo Verde, pero el magistrado requirió un procedimiento formal que detuvo el proceso al menos –se epecula– hasta el miércoles próximo. El procurador Joaquín Da Rocha debió suspender un viaje a Roma –previsto con anterioridad– para lograr cumplir con la entrega de la querella en el juzgado de Concepción del Uruguay en término. A su regreso, cumplimentará el trámite y recién entonces el juzgado estará en condiciones de admitir un nuevo actor en la causa. Según trascendió, la presentación incluirá material audiovisual extraído de medios de comunicación para sustentar la acusación. Entre los ambientalistas sospechaban que no sólo cuentan con esa prueba en su contra.

Una fuente de primera línea del Gobierno, consultada por Página/12, no negó que la tan mentada lista con los nombres de los referentes del movimiento oscile en torno de unas once personas, al menos en su primera versión. En la lista que manejaban los propios abogados de la Asamblea figuraban los nombres de los comerciantes Jorge Fritzler y José Pouler como posibles demandados. El médico traumatólogo Martín Alazard, parte del equipo técnico de la Asamblea, también fue mencionado. El ruralista Juan Ferrari y su mujer Paola Robles, junto a los productores de miel Juan Veronessi y Lilian Melnik fueron otros de los nombres que sonaron fuerte. Completaban la posible nómina el periodista Luis Molinuevo, el abogado Víctor Rebossio, Ivana Vilches y el coordinador de la Asamblea Roberto Marchesini.

En tanto, el grupo de vecinos aglutinados en Ciudadanos Movilizados, que dieron el primer paso para que una orden judicial dictaminara el desalojo del piquete en la ruta 136, confiesan estar muy inquietos. El giro en la causa, que inicialmente no apuntaba hacia ninguno de sus conciudadanos, con la ofensiva del Poder Ejecutivo los colocó en una difícil posición para la convivencia diaria. La situación “nos excede”, aseguraron a este diario varios referentes de ese espacio para luego reconocer que el ambiente dentro de la ciudad “está caldeado”. No quieren hacer ninguna declaración que exacerbe los ánimos.

A pedido de algunos de los integrantes y en otros casos por propia iniciativa de la policía entrerriana, se han dispuesto custodias en las cercanías de los domicilios de varios de los miembros del movimiento. El comerciante Abel Martínez Garbino –perteneciente a una de las familias más conocidas en Gualeguaychú– es uno de los que recibe mayores críticas por su postura. Al resto de los que suscribieron la denuncia contra el corte los acusan de no haber dicho nunca una sola palabra a favor de la causa ambiental y pensar únicamente en las pérdidas económicas a causa del bloqueo. El intendente local Juan José Bahillo –que se diferenció de la actitud del Gobierno– mostró su preocupación en contactos informales con los asambleístas por una fractura dentro de la comunidad.

Otro que reapareció fue el dirigente agrario Alfredo De Angeli. “Vamos a ser unos perseguidos políticos”, aseguró respecto de las querellas que hará el Gobierno. Sostuvo que los recursos “van a ser contra mí, contra todos los muchachos que estamos en contra de Botnia y sosteniendo el corte”.

Informe: Gabriel Morini.